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“La recalcitrante actitud del gobierno argentino es –según Michael Mussa– la principal razón de que las negociaciones (con los acreedores privados) no progresen razonablemente.” También sostuvo que “estamos a considerable distancia de resolver las diferencias” y que “la comunidad internacional, operando a través del FMI, debe estar preparada a romper sus relaciones con la Argentina”. El ex economista en jefe del Fondo, miembro hoy del Instituto de Economía Internacional, lanzó esta andanada en la sesión celebrada el pasado miércoles 10 por dos comités del Senado estadounidense para tratar “La crisis financiera argentina”.
Mussa, que en septiembre de 2001 dejó el FMI tras criticar sin rodeos la política económica de George W. Bush, sostuvo que al país hay que plantearle dos opciones: o eleva el superávit fiscal primario, destinado a atender la deuda, o extiende la quita para abarcar también a la deuda nueva, posterior al default, que el Gobierno está respetando.
A su juicio, ante el default de un país deben aplicarse dos principios generales. Uno, que todos los acreedores deberían sufrir pérdidas significativas. Dos, que esos quebrantos no han de percutir desproporcionadamente sobre una categoría de acreedores, sean éstos locales o extranjeros.
Mussa subraya incluso que los tenedores residentes de las acreencias reestructuradas en noviembre de 2001, antes del default, padecieron pérdidas sustanciales, pero muy inferiores a las que el Gobierno quiere infligir a los tenedores de los bonos impagos. Y exige que unos 30 mil millones de deuda emitida posteriormente corran la misma suerte que los títulos viejos.
En su indignada exposición respecto de la Argentina, Mussa tuvo un lapsus al referirse a la oferta de reprogramación que el país llevó a fines de septiembre de 2003 a “la asamblea anual del Fondo y el Banco Mundial en Doha, Qatar”. En verdad, esa magna reunión tuvo lugar ciertamente en el Golfo Pérsico, pero en Dubai, que pertenece a los Emiratos Arabes Unidos. Puede suponerse que Mussa confundió al Fondo con la Organización Mundial del Comercio, que sí se congregó en Doha.
También incurrió en otra confusión, ya más conceptual, al destacar que países como Brasil (gracias, Lula) y Turquía realizaron un ahorro fiscal superior al argentino, olvidando contabilizar que aquí el Estado resigna ingresos a manos de las AFJP, lo que correspondientemente le supone menores compromisos a futuro por jubilaciones. Sólo corrigiendo los números mediante ese factor puede efectuarse una comparación homogénea.
Tal como lo ven los bonistas, apuntó Mussa, el gobierno argentino les está pidiendo que acepten, no un corte de pelo (hair cut, como se denomina en inglés la quita) ni un rapado, sino una decapitación. Lo mencionó dando por cierto que el descuento de un 75 por ciento nominal equivale a una esquila del 90 por ciento en términos de valor presente. Pero para llegar a este número hay que partir de diversos supuestos, prematuros porque la Argentina no dio todavía los pormenores de su oferta.
Después de haber apaleado a los sucesivos gobernantes argentinos y de reclamar que Washington respalde la dura posición de otros países, Mussa aclaró que no se procura presionar por una resolución que favorezca particularmente los intereses argentinos (la aclaración sobraba) ni los de sus acreedores. “El objetivo –aseguró– es proteger la integridad y eficiencia de los mercados internacionales de crédito.” ¿Pero fueron eficientes e íntegros esos mercados cuando financiaron irracionalmente a la Argentina y luego, reclamándole intereses impagables, le provocaron la quiebra?
Mussa afirma, sin intentar demostrarlo, que la Argentina puede pagar más de lo que ofrece, y que constituye un caso testigo, que pone a prueba la capacidad de la “comunidad internacional” (es decir, el G-7) de imponer elrespeto de algunos principios, básicamente que el deudor ha de pagar lo máximo que pueda. Estados Unidos, exigió él, debe liderar con ese propósito a la mencionada “comunidad”.