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Es una historia de dimes y diretes en torno de un proyecto de viviendas para convertir en barrio a la villa La Cava, donde malviven 12 mil pobres que ven frustrado su sueño porque las tierras destinadas a las obras, 30 años atrás, son usurpadas –así lo dijo la Justicia– por dos clubes de la más rancia estirpe. El conflicto, con decretos de ida y vuelta, y fallos judiciales siempre a favor de los vecinos, enfrenta a los villeros estigmatizados como supuestos responsables de la “inseguridad” en la zona con los dueños de El Lazo y el Club Hípico del Norte, entidades con años de arraigo entre las familias honorables de San Isidro. “Es más importante aprender deportes hípicos que sacar a la gente del barro para que tenga una vivienda digna”, le dijo a Página/12 Tolentino Domínguez, presidente del Centro Comunitario Provivienda La Cava. Con otras palabras, de igual contundencia, una jueza ratificó en dos fallos que los vecinos tienen razón, pero el desalojo de los usurpadores de etiqueta sigue sin concretarse. A fines del año pasado, coronando una decisión tomada antes por Eduardo Duhalde, el gobernador Felipe Solá ratificó la cesión de tierras a los clubes, pero en enero volvió atrás y respaldó a los vecinos, aunque la situación de facto sigue igual. Una madeja en manos de un gato maula que sigue jugando con el mísero ratón.
“En el mismo decreto (se refiere al firmado por Solá el 12 de enero de 2004) se especifica cuándo serán devueltas las tierras a los vecinos”, fue lo que le dijo a este diario un vocero del actual gobernador. De la lectura de frente, de espalda y de perfil de la mencionada disposición, que lleva el número 104/04, no surgen plazos ni fórmulas para que se produzca el retorno del predio, de 15.693 metros cuadrados, a manos de los vecinos a quienes la jueza Delma Cabrera les dio la razón en dos fallos, el último dictado en noviembre pasado y que ahora se encuentra en la Suprema Corte bonaerense, por un problema de competencia.
De todas maneras, el decreto firmado por Solá en enero tiene un punto importante para los vecinos de La Cava. Allí se cuestiona, de raíz, una medida anterior, suscripta por el ex gobernador Duhalde, que dispuso la “tenencia precaria a título gratuito, por el término de cinco años (que de hecho ya fueron prorrogados)” del predio en disputa, ubicado en Rolón y Tomkinson, frente a La Cava, señalada desde afuera casi como la raíz de todos los males cuando se habla de inseguridad en la zona. “Los clubes están haciendo una ocupación ilegal, lo dijo la Justicia y ahora lo dijo Solá, lo único que falta es que se cumpla, de una vez, la demorada orden de desalojo”, explicó el abogado Sebastián Tedeschi, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que está apoyando el reclamo vecinal.
“La jueza Delma Cabrera dijo dos veces que los clubes deben desalojar las tierras, la Cámara ratificó la primera sentencia y ahora el tema está en la Suprema Corte por una cuestión de incompetencia (que no lesiona la decisión judicial de fondo). Sólo falta la decisión política de ejecutar de una vez por todas el desalojo. Los clubes carecen de permiso para seguir en el lugar”, insistió Tedeschi. El cuento de nunca acabar comenzó, aunque parezca una broma de mal gusto, el 16 de diciembre de 1974, cuando la ex Obras Sanitarias, dueña original de las tierras donde está asentada La Cava, acordó su venta a la Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo de la Nación, en el marco de “un ambicioso plan conducente a solucionar el agudo problema habitacional existente en el país”, según expresa el expediente OSN 45.959.S.1964, incorporado a la larga querella que vienen llevando los vecinos de La Cava.
Ya en 1974 se declaró la caducidad de los permisos de “ocupación precaria” otorgados en favor del Club Hípico del Norte y de la Agrupación Tradicional Argentina El Lazo. Los terrenos fueron cedidos por la Nación al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y a los clubes se les “ordenó su desocupación y entrega inmediata”, recordaron los abogados del CELS en la última presentación realizada ante la jueza Cabrera. En 1983, en plena campaña electoral, Raúl Alfonsín visitó La Cava y se comprometió a convertir la villa en barrio. En ese marco se hizo el lanzamiento del “Programa de Renovación Urbana del Barrio La Cava”.
Las obras quedaron en manos del Instituto Provincial de la Vivienda y durante la gestión de Antonio Cafiero como gobernador se concretó la primera etapa del proyecto, que benefició a 280 familias que hoy viven en los edificios ubicados en el terreno lindero al que ocupa el Club Hípico. La segunda etapa, que contemplaba la construcción de 194 viviendas, nunca se pudo concretar por la falta de terrenos disponibles, aunque ya se había realizado el llamado a licitación. La tercera etapa ni siquiera llegó a esa instancia. En su primer fallo, la jueza Cabrera dijo sobre la ocupación de tierras por parte de los clubes: “Al decretarse la caducidad del permiso de ocupación precaria (...) dispuesta el 13 de noviembre de 1974 y por la que se concedía el plazo de 30 días para la desocupación (...) la ocupación devino ilegítima”. Y dispuso el desalojo.
Los efectos de la sentencia nunca se cumplieron y el 5 de junio de 1992, con Eduardo Duhalde como gobernador, se firmó un extraño convenio en el cual El Lazo y el Club Hípico del Norte se comprometieron a pagar el precio que fijara el Instituto de la Vivienda por terrenos que pertenecían legalmente a los vecinos de La Cava. La antojadiza situación siguió sin variantes y el 18 de noviembre de 2003 el actual gobernador Solá dictó un decreto ratificando la “tenencia precaria a título gratuito” de los dos clubes. Una nueva querella de los vecinos volvió a recaer, por sorteo, es decir al azar, en manos de la jueza Cabrera, que ratificó su primer fallo.
La increíble saga de despropósitos continuó con la vuelta atrás de Solá, que en enero anuló su propio decreto de noviembre de 2003 y les volvió a dar la razón a los vecinos. Igual la sentencia sigue sin cumplirse y ahora el que salió al ruedo, con un anuncio rimbombante y que agrede otra vez a los vecinos demonizados como agresores, fue el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. “En dos años se erradica La Cava, sin el uso de topadoras sino por la propia voluntad de las familias que allí viven. Sólo el 30 por ciento de los habitantes se quiere quedar.” Tolentino Domínguez negó que los vecinos quieran irse: “Queremos el barrio que nos prometieron hace 30 años y estamos luchando para conseguirlo”.