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Todo empezó con Marcelo Tinelli y ayer continuó en Tribunales. Fernando de la Rúa ratificó ayer ante la Justicia su presunción de que hubo pagos de dinero por parte de la SIDE a periodistas y hasta a magistrados durante el gobierno de Carlos Menem. El ex presidente había asegurado que la crisis de su gobierno empezó cuando hizo el ridículo en el programa de Tinelli y ayer opinó que el conductor y el presidente Néstor Kirchner están “asociados” y se burlan de él (ver aparte). En diciembre pasado había afirmado que “existe prensa independiente y otros que reciben sobres”. A partir de esos dichos el fiscal de Cámara Germán Moldes solicitó que se iniciara una investigación.
Moldes solicitó que se reclamara a De la Rúa que brinde “las constancias y probanzas con que cuenta para sustentar tan grave acusación” y si, eventualmente, “existen recursos públicos comprometidos en la supuesta maniobra”. Antes de decidir si esto es suficiente para abrir una causa penal, y poner en marcha la maquinaria judicial, el fiscal federal Carlos Rívolo entendió que había que tomarle declaración testimonial al ex presidente. Sus abogados presentaron un pedido de nulidad que ayer ya quedó abstracto, pero el fiscal quiere analizar esos argumentos. El juez Jorge Urso rechazó el planteo de su abogado, quien intentó cancelar la audiencia, a la que el ex presidente había faltado dos veces, con el argumento de que bajo juramento se lo obligaría a violar el secreto de Estado. Miguel Almeyra también consideró que De la Rúa podría autoincriminarse en otra causa, la de los sobornos en el Senado para aprobar la Ley de Reforma Laboral en el 2000, si se le preguntaba por el uso del dinero en la SIDE.
Pero ayer se presentó puntual a las 11 en los Tribunales Federales de Retiro y estuvo media hora en el juzgado de Urso, tras lo cual se retiró evitando a la prensa. Según fuentes judiciales consultadas por Página/12, el ex presidente “no dio precisiones” sobre su dichos ni tampoco presentó documentación. Sin embargo, Almeyra aseguró que aportó como pruebas el informe 2003 de la organización no gubernamental Freedom House, una entidad estadounidense que aludió a la amenaza a la libertad de prensa que significaba en Argentina el pago mensual oculto con dinero del organismo de inteligencia a “periodistas y editores”, así como artículos de los periodistas Joaquín Morales Sola y Luis Majul, quienes “en artículos periodísticos y verbalmente” insinuaron varias veces la existencia de estos pagos a algunos de sus colegas. También aludió a dichos de los ex ministros de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo y Roque Fernández, en referencia a la existencia de una supuesta “servilleta” de jueces pagos, algo similar a lo que ocurría con ciertos periodistas.
El letrado agregó que “acompañó informes financieros de la SIDE de los que surgen las diferencias presupuestarias en distintos gobiernos”. Según la agencia DyN, de estos documentos se desprende que en 1999, durante el gobierno de Menem, la SIDE recibió 291 millones de pesos; en el 2000, con De la Rúa, la cifra bajó a 168 millones; en el 2001 hubo 141 millones y finalmente en el 2002, con el gobierno de Eduardo Duhalde, la cifra subió a 191, para llegar a 246 millones en el 2003. De la Rúa recordó al juez que ya dijo en otra causa, la de los sobornos en el Senado durante su gobierno, que apenas llegó al poder terminó “con los subsidios” a periodistas, jueces y legisladores. Antes de retirarse, el ex mandatario pidió al magistrado que investigara qué uso se dio a los fondos reservados de la SIDE antes de su gobierno y que para eso pidiera el levantamiento del secreto de Estado que ampara las actividades de inteligencia.
Ahora será el fiscal Rívolo quien decida si impulsa la apertura del expediente o solicita el archivo de la denuncia de Moldes. Mientras tanto, el ex presidente tiene otras causas que le deparan mayores preocupaciones, como la que investiga la masacre del 20 de diciembre de 2001.