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La demora de la Justicia en responder al reclamo de las entidades de usuarios y consumidores le allanó el camino al Gobierno. Hoy se realizará la Audiencia Pública para tratar el “esquema de normalización” del precio del gas en boca de pozo, acuerdo alcanzado hace aproximadamente dos meses entre las autoridades del área energética y las empresas productoras para ajustar la retribución de estas últimas. Durante la audiencia sólo se escucharán exposiciones de los interesados, pero le corresponderá al Enargas, posteriormente, determinar si corresponde trasladar en todos sus términos aquel acuerdo a las tarifas o hay argumentos para su revisión. “Es altamente improbable que se modifique el acuerdo homologado”, previno una fuente del ente regulador a este diario. Las entidades de consumidores, precisamente, cuestionaron la realización de la Audiencia porque consideran que el aumento del gas ya está decretado, pero en los tribunales todavía no obtuvieron respuesta.
El acuerdo entre el Gobierno y las petroleras define un sendero de aumentos para el gas a aplicar en un lapso de dos años y medio (hasta diciembre de 2006), que supondrá, en una primera etapa, ajustes para clientes industriales, grandes usuarios en general, generadoras eléctricas y estaciones expendedoras de GNC. Estos sectores afrontarán ajustes sucesivos en el valor del gas que acumularán alrededor de un 100 por ciento en el término de un año y medio a dos años, aproximadamente. Además, en su mayoría estos usuarios pasarán a un mercado de precios libre en el que deberán negociar directamente con los productores o a través de una comercializadora. Pero durante un período de algo más de un año (hasta julio de 2005) tendrán un “paraguas de protección” establecido en el mismo acuerdo, que fija los precios referenciales que deberán abonar a los productores hasta esa fecha.
Los usuarios residenciales y la primera y segunda escala de “pequeños usuarios del servicio general” (comercios y pymes) no sufrirían aumentos en esta primera etapa. Pero el acuerdo establece que, al 31 de diciembre de 2006, deberán pagar una tarifa por el producto similar a la que abonarán los usuarios grandes conforme al sendero de crecimiento de precios que se establezca. Será la Secretaría de Energía la que “en el futuro” deberá disponer la forma de implementación de este ajuste, reza el acuerdo con las petroleras.
A cambio de este ajuste en la retribución, que prácticamente iguala el precio que recibirán las productoras en sus ventas al mercado interno con el valor que obtienen en la exportación del gas, las empresas explotadoras de los yacimientos se comprometen a garantizar el abastecimiento a las distribuidoras, a los Nuevos Consumidores (los del mercado libre) y a las generadoras eléctricas, de acuerdo a volúmenes preestablecidos.
Industriales y expendedores de GNC en distintos puntos del país recurrieron a la Justicia en desacuerdo con los términos del reordenamiento del mercado dispuesto por la Secretaría de Energía, en el cual perdieron la condición de “ininterrumpibles” para el suministro de gas. En fuentes oficiales admiten que la “judicialización” excesiva puede complicar la estrategia del Gobierno para afrontar la actual crisis energética, en la medida en que las demandas hallen amparo de los jueces.
De acuerdo con la lectura que hacen en el Gobierno, es “urgente” llegar a un acuerdo con los productores para enfrentar el invierno, por lo cual un escenario en el que pudiera fracasar la Audiencia Pública de hoy es, desde la mirada oficial, inimaginable. De todos modos, las entidades de usuarios que decidan participar y el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, llevan artillería preparada para combatir el acuerdo con las petroleras.