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El Senado, cuando se trata de aumentar penas, sigue haciendo méritos para llevarse la medalla a la buena conducta. El reconocimiento de Juan Carlos Blumberg ya lo obtuvo. En una sesión en la que la voluntad oficialista logró imponerse con comodidad, se convirtieron en ley dos proyectos incluidos en la Cruzada Axel. Por un lado se establece que los condenados a reclusión perpetua podrán pedir la libertad condicional recién después de 35 años y luego de numerosos requisitos. También se hizo ley una iniciativa que sanciona con reclusión perpetua los casos de violación seguida de muerte. Delito que antes era castigado con una condena de entre 15 y 25 años.
Los legisladores también dieron su voto favorable para la creación de siete fiscalías barriales en la Ciudad de Buenos Aires. Medida que integra el denominado Plan Estratégico de Seguridad. Como los senadores le introdujeron reformas a la redacción que vino de Diputados, el proyecto debe ser tratado nuevamente por la Cámara baja. De haberse aprobado, ésta hubiera sido la primera ley del plan de seguridad del oficialismo.
En Diputados, el proyecto de las fiscalías delegaba en el procurador general de la Nación que “ante delitos que por su complejidad y características lo hagan aconsejable, podrá establecer fiscalías especiales”. En el Senado se votó que la competencia le corresponde al Congreso. Las nuevas fiscalías de distrito tendrán asiento en los barrios de la Boca/Barracas, Devoto/Villa Pueyrredón, Liniers/Villa Luro, Mataderos/Villa Soldati, Constitución/San Telmo y Nueva Pompeya.
No fueron pocos los legisladores del interior que al tratarse el tema de las fiscalías recurrieron al argumento del federalismo. Así fue que se escucharon gastados argumentos sobre los recursos del interior que financian al puerto; sobre que el plan de seguridad tiene como principal objetivo alambrar a la Capital del delito y trasladarle el problema al interior y cuestiones similares.
“No tenemos conflicto moral, ni ético. No tengo prejuicios políticos ni ideológicos. Aquí no dudamos. No me preocupa la resocialización de esta gente”, dijo con todo su énfasis el titular de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, al momento de hablar de los violadores-homicidas. Aunque había quedado en claro que se ubica en las antípodas de los denominados garantistas, Pichetto aterrorizó a sus pares relatando detalles minuciosos de una crónica periodística sobre el raid delictivo de un violador. Tampoco le preocupó mucho el precepto constitucional que le otorga a los detenidos el derecho a su resocialización. Algo también previsto por el Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional, luego de la reforma de 1994. “Estos tipos no se resocializan”, concluyó.
La más dura de todas las intervenciones fue la de la frepasista Diana Conti. “Estamos siendo demagógicos para que salga en los diarios que no aplicamos la pena de muerte sino la prisión perpetua, para calmar a la clase media porteña y del conurbano. Corremos el riesgo de ser un Congreso más decadente que el de la década infame”, señaló la frepasista bonaerense. Recordó que con la oposición del socialista Alfredo Palacios, en el año ’33 se desechó un proyecto que impulsaba la pena de muerte, mediante silla eléctrica. Esta medida se había discutido luego de un sonado caso de un secuestro y posterior asesinato.
Tan solo cuatro senadores se opusieron al proyecto que impone 35 años para solicitar la libertad condicional a los condenados a reclusión perpetua. Fueron Conti, Vilma Ibarra, Rubén Giustiniani y Rodolfo Terragno, que no entregó ningún argumento. A la ley que endurece la pena de violadores-homicidas se opusieron Conti y Giustiniani.