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La estrategia del Gobierno de buscar concertaciones sectoriales para frenar la escalada de precios no obtuvo demasiados resultados, y a partir de las últimas 48 horas ha mostrado una debilidad mayor: la deserción de los supermercados de los encuentros convocados por los funcionarios del área de Producción y Comercio. En las actuales condiciones, quedó prácticamente desactivada la alternativa de conformar una canasta básica de alimentos a bajo precio que, en realidad, no despertaba demasiado entusiasmo en los ámbitos oficiales. Ahora le toca el turno al intento de organizar centros de abastecimiento de alimentos económicos, iniciativa impulsada por el presidente de la Nación que recibió el rápido respaldo de las entidades defensoras de los consumidores. Sin embargo, la demora en lograr el apoyo de los sectores industriales que deberían abastecer los productos y otros problemas logísticos no resueltos dificultan el objetivo de lograr que dichos centros estén en funcionamiento en un plazo de 10 a 15 días, como se sugirió desde el Gobierno.
Mientras los precios suben, con perspectivas de seguir haciéndolo, los distintos sectores se entrecruzan acusaciones y responsabilidades. Santiago Muzzupappa, titular de la Confederación Argentina de Carniceros, señaló a “los dirigentes políticos y sindicales” de ser “los culpables de esta situación”, declaración que realizó en el contexto de una entrevista en la que intentaba justificar la continuidad de los aumentos de la carne en mostrador. “El mercado va a estabilizarse por el bajo consumo”, pronosticó, vaticinando un escenario con “carne para ricos y carne para pobres”, en referencia a los cortes de mayor calidad y los económicos. Como consecuencia de la baja en el consumo, estimó que “van a cerrar muchas carnicerías”.
Las entidades que representan a usuarios y consumidores participaron el miércoles y ayer de sus primeras reuniones con sectores de la producción y el comercio, convocados por las autoridades nacionales. El miércoles fue el turno de los panaderos, molineros y acopiadores, en la Secretaría de Defensa de la Competencia, con quienes se buscó una solución al aumento del pan, impulsado por el encarecimiento de la harina. Allí surgieron varias revelaciones acerca de las irregularidades con las que está funcionando el mercado, a partir de las denuncias de cada sector. Los panaderos aseguran que sólo la existencia de un circuito clandestino, en un mercado negro y muchas veces con materia prima robada, permite que haya despachos que vendan el pan a menos de 80 centavos el kilo. Denunciaron, además, la aparición de intermediarios que utilizan depósitos propios para vender la harina sin boleta (en negro), ante la retracción en las entregas de los molinos. Con esta práctica sustitutiva, los panaderos no sólo se ven obligados a pagar más cara la harina, sino que además pierden la financiación de la compra en cuenta corriente, abonando a 30 y 60 días. Finalmente, los molinos harineros supeditaron el mantenimiento de los precios actuales a que el dólar se estabilice en niveles algo inferior al actual, sin asumir un compromiso explícito.
Más corta resultó la reunión de ayer con representantes del sector lácteo, en el marco de la Secretaría de Agricultura, que ante la ausencia de los supermercadistas quedó imposibilitada de algún avance. Hoy será el turno de los aceiteros, otro producto sensible al alza por impacto de la devaluación. Y ya hay un temario previsto para debatir la instalación de los centros de abaratamiento, aunque con dos puntos clave pendientes de definición: la ubicación de dichos centros y quién se hará responsable del despacho.