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“Estos graves hechos se presentaron como un espontáneo estallido social, pero tras ellos habría existido una incitación organizada para precipitar la crisis.” Esa es la confabulativa visión sobre el violento fin de su mandato que el ex presidente Fernando de la Rúa volcó en el escrito que presentó el miércoles ante la Justicia, cuando fue indagado por la masacre de Plaza de Mayo. Los hechos a los que se refiere son los saqueos, las manifestaciones populares e incluso la muerte de cinco personas. “Sentimos dolor por ellos. Nada justifica ni explica la tragedia”, opinó sobre los asesinatos. Según su teoría, fue víctima de una conspiración política y económica en los acontecimientos ocurridos el 19 y 20 de diciembre con el fin de “precipitar” su renuncia, de la que responsabilizó al justicialismo. Y puntualizó que “ni el radicalismo” lo apoyó sobre el final de su gestión. Además, le pidió a la jueza María Romilda Servini de Cubría que ampliara la investigación para “averiguar si se movilizó a grupos violentos por objetivos políticos”.
“Desde el viernes anterior venía incrementándose la tensión en el país”, describió De la Rúa en su relato del devenir de los sucesos. El ex presidente mencionó la existencia de “ataques provocados convocando falsamente a reparto de comida para incitar al saqueo”, y según él “se criticó la pasividad policial en la provincia de Buenos Aires donde habrían fallecido 8 personas”. Y recordó la existencia de una causa que investiga el juez Norberto Oyarbide en base a la denuncia de un abogado de Bahía Blanca referida a un presunto “plan sedicioso” para derrocarlo.
“Hubo marchas alentadas oficialmente como la iniciada por el intendente (Mariano) West de Moreno, y el dirigente piquetero (Luis) D’Elía, de La Matanza, denunció que del gobierno provincial le quisieron pagar para los asaltos, a lo que se negó”, afirmó el ex jefe de Estado. Y agregó que el gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, el 15 de marzo último removió a su ministro de Gobierno por la represión de esos días que registró 7 muertos”. También habló de una conspiración económica de “sectores interesados” que generaron “una corrida de depositantes que hizo necesario dictar el decreto de bancarización” (corralito financiero).
En ese marco de “tensión y violencia” fue que De la Rúa decidió establecer el estado de sitio, para lo cual dice haber contado con el apoyo de gobernadores, legisladores y el presidente del Senado, el justicialista Ramón Puerta. “La facultad presidencial era clara por la urgencia y por haber cesado el Congreso sus sesiones ordinarias, reuniéndose al momento sólo en extraordinarias”, argumentó. Precisamente los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, que intervienen en el caso, pidieron a Servini que declare la inconstitucionalidad del decreto de estado de sitio porque consideraron que esa medida podía y debía ser aprobada en las sesiones extraordinarias del Parlamento. “Ni se pensó en cualquier restricción informativa”, aclaró el ex presidente para refutar la afirmación del ex titular del Comfer, Gustavo López, sobre una iniciativa de los ex funcionarios delarruistas para censurar las imágenes de la represión.
Bajo el subtítulo “Los hechos fatales”, De la Rúa se refirió con nombre y apellido a los cinco manifestantes asesinados por la Policía Federal y expresó que su “dolor, condena y rechazo”. Insistió en que nunca tuvo confirmación oficial de las muertes y siguió abonando su tesis conspirativa al afirmar que “a esta altura y por cuanto se sabe, no puede afirmarse si los autores (de los disparos) fueron policías o terceros”, y al indicar que “es importante saber quiénes hayan actuado al margen de la ley sin que pueda reprocharse a toda la fuerza de seguridad o a todos los manifestantes”. Cabe señalar que los investigadores ya establecieron queno hubo armamento secuestrado en poder de manifestantes y que ya hay cinco policías procesados como autores materiales de los homicidios. Estos son dos de los párrafos salientes del escrito de 15 carillas al que este diario tuvo acceso:
- “Estaba firmemente decidido a mantener la estabilidad monetaria, la paridad cambiaria y la convertibilidad, y evitar el default. (...) Sin embargo, otros querían lo contrario. Querían el poder. Muchos justicialistas y radicales de Buenos Aires planteaban un cambio de gobierno y el gobernador de la provincia quería alejarse de su cargo.”
- “Sin unidad, sin disposición al diálogo, sin ánimo positivo de construir en conjunto, no podrían superarse las dificultades del país. Sin voluntad de evitar el conflicto por parte de la mayoría parlamentaria, sin voluntad de los legisladores propios, con los gobernadores en queja por más recursos y anuncios sindicales de paro, decidí renunciar.”