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La renta petrolera tiene al menos cuatro socios: las compañías que explotan los yacimientos, el Estado nacional, los fiscos de las provincias bendecidas por Dios con crudo y los consumidores de carburantes. Ante la permanente fluctuación del precio internacional del crudo, el reparto de esa renta oscila entre los convidados al banquete. Si Hacienda no hiciera nada ante un aumento mundial del crudo tan marcado como el de los últimos tiempos, las petroleras obtendrían enormes beneficios adicionales, que permitirían al Tesoro incrementar su recaudación del impuesto a las Ganancias (de hecho, en mayo el sector ingresó unos mil millones de dólares a la AFIP) y, a las provincias con oro negro, cobrar sumas proporcionalmente mayores merced a la regalía del 12 por ciento, que las productores liquidan sobre el precio en boca de pozo.
Pero el Gobierno resuelve, ante el pico del barril, aplicar una mayor retención sobre el producido de las exportaciones de crudo para mantener constante el precio interno del petróleo neto de retenciones y así evitar que suban el gasoil y las naftas. El efecto directo, pero no único, de esta decisión consistirá en acrecentar la recaudación tributaria, salvo que se provoque una caída igualmente fuerte en las exportaciones, lo que en principio no parece muy probable.
Otro efecto será asegurarles a los consumidores de combustibles una mayor participación en la renta petrolera, porque seguirán pagando los mismos precios con independencia del drástico encarecimiento de esta commodity en el mundo. Así, elevar las retenciones equivale a repartirse entre el Estado y los consumidores la renta adicional, si esa elevación captura totalmente el nuevo margen.
Subyacen, por tanto, dos decisiones de política. Una, robustecer los ingresos fiscales, más allá del aumento que sobrevendría incluso sin modificar las retenciones. La otra, proteger al consumidor frente a una realidad más hostil del mercado mundial, que quiere cobrarle más por la nafta que usa para, por ejemplo, salir a pasear con la familia el fin de semana. La decisión es simpática, ¿pero es buena? ¿O convendría que precios más gravosos del carburante indujeran un menor consumo en un país cuya producción de petróleo cae de año en año? ¿Se estará creando otra problemática brecha entre el precio político y el de mercado, como ocurrió con el gas y la electricidad?
En otro sentido, el aumento de las retenciones viene a suplir el carácter no progresivo del impuesto a las Ganancias para las sociedades comerciales. Las empresas pagan el mismo porcentaje, ganen lo que ganen. Para las personas físicas, en cambio, el tributo es progresivo, pero los dividendos están exentos en la Argentina, a diferencia de otros países. Por ende, ni las petroleras ni sus accionistas deberían tributar Ganancias sobreproporcionalmente ante el desaforado incremento del crudo.
Por tanto, subir las retenciones cuando se encarece el petróleo es una manera de convertir en progresivo el impuesto a las Ganancias para este sector en particular. Probablemente no sea la manera más prolija de hacerlo, pero es práctica y efectiva, sin que por esto pueda hacer olvidar la necesidad de una profunda reforma tributaria. Por otro lado, las regalías, establecidas desde los tiempos de Onganía en un 12 por ciento fijo, implican un régimen muy benigno en términos comparativos. Como la nación no cuenta con ese recurso, apela a las retenciones, que no se coparticipan. Cada uno agarra de donde puede.