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En el caso de las facturas falsas, que involucra a Supermercados Disco, Telecom y Aguas Argentinas, mientras el juez Julio Speroni acusa a la AFIP de no documentar sus denuncias, Alberto Abad replica –según declaró a Página/12– que el juez tuvo que dictar la falta de mérito porque citó, habría que pensar que a sabiendas, a directivos que no estaban en funciones en la época de los fraudes fiscales investigados, que se habrían cometido entre 1997 y 2002. Indirectamente, el magistrado reconoce en la sentencia haber indagado a las personas erradas, pero no da explicación alguna sobre tan curiosa conducta. No cuesta mucho enterarse de quién era el responsable de una gran empresa en determinadas fechas. Abad, por otro lado, destaca que Telecom y Disco reconocieron que las facturas eran apócrifas, emitidas por proveedores inexistentes, rectificaron sus declaraciones impositivas y pagaron unos $ 15 millones.
El affaire es uno de los mayores escándalos tributarios que se comentan en el mundillo impositivo. En su cobertura del tema, este diario recogió el domingo último las hipótesis que manejan los expertos acerca del presunto hábito de la DGI de iniciar causas que luego maneja de tal forma que las pierde, con lo cual ganan los evasores. Las opciones que se barajan en los bufetes son negligencia, desconocimiento burocrático y corrupción. Abad reaccionó rápidamente al leer el artículo y, tal como consignó ayer este matutino, responsabilizó a la Justicia, que estaría –según denuncia– entorpeciendo la lucha contra la impunidad fiscal.
La investigación de las maniobras fue iniciada años atrás por fiscales federales en Mendoza, tras recibir una denuncia, según la cual alguien estaba proponiendo sanear deudas impositivas nacionales contra el pago de coimas. La pinchadura de teléfonos permitió descubrir usinas de facturas truchas que operaban desde Buenos Aires. La causa recayó en Speroni, quien resolvió el archivo de las actuaciones. Esa llamativa decisión fue revocada por la Cámara del fuero Penal Económico.
El juez delegó entonces la instrucción de la causa en la Fiscalía número 6, que era la que había apelado el archivo de las actuaciones. Más de tres años y medio después de iniciada la investigación, el Ministerio Público requirió a la AFIP diligenciar 183 órdenes de allanamiento. Eso ocurría en julio de 2003. De los domicilios allanados, 66 eran de falsificadores de facturas por servicios inexistentes y 117, de las empresas que las usaban para pagar menos por Ganancias y por IVA. Hay que tener en cuenta que las tres firmas mencionadas retienen enormes sumas por IVA a sus clientes (el llamado débito fiscal), por lo que no es extraño que estuviesen muy interesadas en sumar crédito fiscal como fuese (es decir, IVA pagado por ellas a proveedores) para reducir el neto a transferirle al ente recaudador.
Según Impositiva, la documentación secuestrada a los integrantes de las usinas quedó en poder de la Fiscalía para su análisis y la recopilación de elementos probatorios, con los cuales se emitiría el dictamen fiscal. Pero éste, 14 meses después, sigue pendiente. La AFIP, por su lado, se encargó de desgrabar y transcribir más de medio millar de cassettes de escuchas telefónicas y aportó toda la información disponible –según asegura– sobre los contribuyentes investigados.
En función de esto, el pasado 11 de junio la DGI comunicó al Tribunal que daría inicio a los trámites tendientes a la determinación de la deuda, de acuerdo al régimen penal tributario. El 25 de ese mes, el Juzgado dio su conformidad, pero ordenando dar noticia al Tribunal antes de la conclusión de las actuaciones administrativas. La AFIP consideró que ello causaría una “dilación innecesaria”, y el Juzgado le dio la razón.
El 20 de agosto la Administración entregó al Juzgado y la Fiscalía un informe consolidado que, tal como le habían pedido, detallaba las operaciones comerciales de 302 empresas aparentemente apócrifas, surgiendo de allí a su vez todas las firmas que habían utilizado las facturas falsas con el fin de defraudar al fisco. No sólo Disco y Telecom las usaron. Después de citar a directivos que, como Luc de Jong y Amadeo Vázquez, alegaron no haber estado cuando los hechos se perpetraron, señalándole a la Justicia quiénes mandaban en esos tiempos, el juez ordenó nuevas indagatorias, que en estas semanas se estarían efectuando.
En Aguas Argentinas, en cambio, están los mismos que estaban, pero éstos negaron haber presentado facturas de proveedores inventados, aseverando que los servicios descriptos les habían sido efectivamente prestados. Por tanto, Speroni también le dictó la falta de mérito a Carlos Humberto Ben, director adjunto de AA, esperando que la compañía entregue la documentación prometida.