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Fueron cinco horas a pura discusión. De un lado estaban Julio De Vido y dos de los directores designados por el Gobierno para la futura compañía estatal de energía, Enarsa. Del otro, diputados de cuatro comisiones, convocados a un plenario especial para analizar el proyecto de ley de creación de la empresa. El ministro escuchó durante un largo rato las objeciones de diputados radicales, socialistas, del ARI, de centroderecha y hasta de transversales. Luego defendió la propuesta y consiguió que la bancada justicialista lo apoyara. Ayer mismo esas cuatro comisiones empezaron a sacar el dictamen para aprobar la iniciativa, paso indispensable para su tratamiento en el recinto. Eso ocurriría dentro de 15 días, según le prometió el presidente del bloque oficialista José María Díaz Bancalari a De Vido. El conflicto de fondo es que la empresa pasó de ser una Sociedad Anónima estatal a una Sociedad Anónima a secas.
El proyecto de ley ya tiene media sanción del Senado. El problema, para muchos legisladores que aprueban la decisión política del Gobierno de crear una compañía que intervenga en el estratégico sector de los combustibles y la energía, es que la Cámara alta introdujo cambios a la propuesta original que consideran inaceptables. La presencia de De Vido ayer en Diputados era clave para conocer cuál sería la actitud del Poder Ejecutivo: si rechazaría esas modificaciones o, como ocurrió, las avalaría. De Vido evitó lo máximo posible enredarse en discusiones con los diputados. Primero los escuchó y después dio un discurso en el que se limitó a explicar la posición oficial. Fue entonces cuando dijo que el Gobierno convalida las correcciones votadas en la Cámara alta.
¿Cuáles son esos cambios? El más importante es que la empresa dejó de estar encuadrada en la figura “Sociedad Anónima con participación mayoritaria del Estado”, aunque en los hechos, al menos de arranque, será exactamente eso. Pero desde que lo decidió el Senado, Enarsa será una Sociedad Anónima simple. El tecnicismo tiene una importancia fundamental, porque al ser su status legal el mismo al de cualquier otra empresa privada no tendrá que someterse al control de los organismos del Estado, la Auditoría General de la Nación y la Sigen. Además, el Poder Ejecutivo –este o cualquier otro– no tendrá obstáculos para la privatización, y Enarsa pasará a controlar un bien clave que hoy es del Estado: la explotación petrolera en la plataforma marítima continental.
Los diputados justicialistas acompañaron los argumentos del ministro, quien sostuvo que la empresa cotizará en Bolsa y que ese es suficiente control. Además, afirmó que la Sigen auditará el desempeño de los representantes del Estado en el Directorio, aunque no controlará a la empresa en sí. Sobre el final de la reunión, Díaz Bancalari dio la orden a los diputados de su bloque de que empezaran a firmar en ese mismo momento el despacho. Las cuatro comisiones participantes fueron Energía, Presupuesto y Hacienda, Economía y Legislación General. Durante la tarde los oficialistas seguían firmando y estaban confiados en terminar con el trámite entre anoche y hoy a la mañana.
A pesar del rechazo de la mayoría de la oposición –Alicia Castro fue una de las pocas de los transversales que expresó su apoyo al proyecto tal como está–, el justicialismo lograría aprobar la ley. El primer intento lo hará el próximo día 29.
El capital accionario de Enarsa estará repartido entre el Estado nacional, con el 53 por ciento, y las provincias petroleras, con el 12. El 35 por ciento restante cotizará en la Bolsa de Buenos Aires. Podrá operar en cualquier segmento de la cadena de valores energéticos, en exploración, explotación, transporte y comercialización de petróleo, combustibles sólidos (carbón), gaseosos, energía eléctrica, atómica e hidrógeno. Y podrá hacerlo en forma integrada o independiente.
“Cómo hará todo eso con 35 personas”, se preguntó Héctor Polino (socialista). “Estamos de acuerdo con una empresa 100 por ciento estatal, con presupuesto y con inversión. Pero creemos que Enarsa tal como estádiseñada en esta ley se convertirá en una oficina para grandes negocios, pues lo único que hará será otorgar concesiones en forma directa sin pasar por ninguno de los órganos de control del Estado”, protestó el diputado. Horacio Pernasetti, titular del bloque radical, dio los mismos argumentos y se quejó porque ni siquiera figura el capital inicial de la compañía. Claudio Lozano, diputado de la CTA, coincidió en las objeciones y convocó para el próximo martes a un encuentro con radicales, aristas, el Grupo Moreno y la Fundación Bariloche para pedir por una Enarsa plenamente estatal.