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Claudio Bonadío, el juez federal que debe investigar penalmente a su par Juan José Galeano y a ex funcionarios del menemismo por las irregularidades en el expediente AMIA, podría perder el manejo de la causa. La Sala I de la Cámara Federal puso en duda su imparcialidad al pedirle al Poder Ejecutivo que informe qué cargos políticos ocupó el magistrado como colaborador de Carlos Corach, quien quedó imputado en función de las acusaciones surgidas de la sentencia del Tribunal Oral 3 en el juicio por el atentado terrorista.
Uno de los temas centrales del expediente que instruye Bonadío desde hace cuatro años es el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín que, según quedó demostrado durante el juicio oral, hizo la SIDE a pedido de Galeano, para que el reducidor de autos acusara a los policías bonaerenses, finalmente absueltos. La sentencia señaló específicamente las responsabilidades en este asunto del ex ministro Corach y del ex jefe de la central de inteligencia Hugo Anzorreguy. En este escenario, la histórica relación de Bonadío con Corach dio que hablar.
José Manuel Ubeira, defensor del ex comisario Juan José Ribelli, recusó a Su Señoría y le pidió que se aparte por haber trabajado con Corach en la Secretaría Legal y Técnica, al comienzo del gobierno de Carlos Menem. El abogado relaciona a todo el staff menemista con la construcción de una trama político-judicial ficticia para encubrir el atentado. Pero Bonadío rechazó el planteo, aprovechando que la presentación aludía sólo al cargo de ministro del Interior de Corach y no al de secretario de Estado.
El tema terminó en la Cámara Federal, donde los jueces Horacio Vigliani y Martín Irurzun decidieron ayer la primera señal adversa a Bonadío al solicitar un informe al Gobierno para verificar qué cargo y funciones tuvo exactamente cerca de Corach. Los camaristas, en cambio, rechazaron otra recusación pedida por Telleldín porque aún no es parte en la causa.
Contra las resistencias de Bonadío, la Oficina Anticorrupción (OA) fue aceptada esta semana por el tribunal de alzada como parte querellante en la causa, al considerar que con el pago de 400 mil dólares se malversó dinero del Estado. El juez, de todos modos, desconoció la primera presentación que hizo el organismo el martes, en la que pedía que se impida la salida del país al juez Galeano y se lo indague, igual que a Anzorreguy. Contestó “téngase presente”, lo que fue interpretado como un gesto de protección a los imputados. En otra causa a su cargo, donde se analizan irregularidades en el cobro y reintegro de créditos millonarios de los bancos públicos por parte del Grupo Yoma, el magistrado libró de responsabilidades a varios ex ministros, entre ellos a Corach. A los Yoma los sobreseyó por cuatro hechos ligados a esa historia.
¿Quién investigará las maniobras de la causa AMIA si Bonadío termina desplazado? Si la Sala I resuelve pronto, hay tres jueces federales candidatos a quedarse con la pesquisa por sorteo: Sergio Torres, María Servini de Cubría y Jorge Ballestero. Si le toca a Rodolfo Canicoba Corral, es poco probable que acepte quedarse con el expediente, porque tiene a cargo la causa central sobre la conexión internacional del ataque terrorista. Galeano y Norberto Oyarbide están descartados, el primero por estar involucrado y el segundo porque fue cuestionado por el tribunal oral por actuar a su favor. Pero si los camaristas dilatan la resolución, tal vez las opciones se amplíen porque se espera la asunción de los nuevos jueces federales propuestos por el Gobierno: Daniel Raffecas, Julián Ercolini, Guillermo Montenegro y Ariel Lijo.
Cuando se conozcan los fundamentos del fallo del Tribunal 3, el 29 de octubre, se abrirán nuevas causas penales no sólo contra Galeano sino contra integrantes de los tres poderes.