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El Gobierno planea cancelar la deuda con el FMI, pero no con los demás organismos internacionales de crédito. Roberto Lavagna, de hecho, anunció ayer la obtención de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 200 millones de dólares. El dinero será utilizado para programas de ayuda al sector rural. Los fondos habían sido concedidos previamente para otros fines, pero el Ministerio de Economía consiguió su redireccionamiento. En el Palacio de Hacienda aseguran que tanto el BID como el Banco Mundial pueden seguir financiando a la Argentina por más que se mantenga en suspenso la relación con el Fondo. En dos de sus tres líneas de crédito no necesitan autorización de ese otro organismo para otorgar recursos al país.
La precisión es importante porque facilita el plan para pagarle al FMI. De todos modos, según un estudio de los economistas del Plan Fénix, si el Gobierno pretende cubrir enteramente cada vencimiento con el organismo y, al mismo tiempo, seguir pagando el resto de la deuda y salir del default, necesitará elevar de 3 a 6 por ciento el superávit fiscal primario del próximo año. Otra alternativa sería conseguir financiamiento en los mercados de capitales o a través de préstamos bilaterales. Abraham Gak, director del Fénix, sugirió que Lavagna negociara con el Fondo un cronograma de pagos más flexible. Es decir, buscar la forma de saldar los pasivos, que trepan a 15.000 millones de dólares, pero sin forzar un ajuste fiscal mayúsculo.
Desde Washington no descartan que el Gobierno obtenga ayuda de China y otros países asiáticos con fuertes niveles de reservas monetarias –como Corea, Taiwan y Vietnam– para cumplir con el Fondo. Especulan con emisiones de títulos públicos de entre 1000 y 2000 millones de dólares anuales a ser adquiridas por esos países. Para ello harían falta acuerdos políticos, que, según suponen los funcionarios del BID y el Banco Mundial consultados por Página/12, podrían haber comenzado a tejerse en las recientes visitas a Buenos Aires de presidentes de algunas de esas naciones asiáticas.
Los estatutos del BID y el Banco Mundial contemplan tres posibles formas de ayuda a los países socios. Una de ellas son los préstamos de inversión, que actualmente están llegando para planes sociales como el Jefas y Jefes de Hogar y el Remediar, y para obras de infraestructura como la repavimentación de rutas. También están los denominados “programas de ajuste”, que financian “reformas estructurales e institucionales”. Esas dos líneas permanecen abiertas a pesar de que la Argentina haya puesto en el freezer el stand-by con el FMI. El único requisito que deben cumplir los bancos es que el organismo que conduce Rodrigo Rato realice una auditoría anual en los términos del “artículo 4”. Se trata de las inspecciones de rutina que hace el Fondo a todos los países adheridos, incluido Estados Unidos.
La única línea del BID y el Banco Mundial que queda bloqueada por la falta de acuerdo con el Fondo es la de emergencia. Son préstamos a corto plazo con mayores tasas de interés. Si el Gobierno insiste en no reflotar un convenio con el FMI, los créditos ya obtenidos por esa vía habrá que devolverlos. De todos modos, desde el BID remarcan que en este momento Argentina está recibiendo de ese organismo y del BM más dinero que el que les remite.
Lavagna ayer destacó que el BID accedió a redireccionar un crédito de 200 millones de dólares para favorecer la producción agropecuaria. “La idea es financiar inversiones en las provincias”, señaló el ministro de Economía. Lo hizo en una conferencia de prensa junto al secretario de Agricultura, Miguel Campos, con quien detalló los programas oficiales de apoyo al sector rural. En ese resumen, Lavagna se mostró optimista respecto a la sanción en 2005 de varios proyectos de ley, como el que distribuye la Cuota Hilton y el que reestructura el Senasa. Por otra parte, el jefe de Economía informó que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola concedió un crédito de 25,9 millones para promover la producción rural patagónica.