[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Para los porteños se avecina una Navidad entre bolsas de basura y malos olores. Es que el Sindicato de Camioneros, que nuclea a los trabajadores de la recolección de residuos, decidió anoche que trabajarán a reglamento, por tiempo indeterminado, hasta tanto las empresas del sector den satisfacción a su reclamo de ser indemnizados a partir del 15 de enero próximo, cuando vencen los contratos de las actuales concesionarias y se hacen cargo las que ganaron la última licitación. Las empresas se amparan en el pliego de licitación, que garantiza la estabilidad laboral a todos los trabajadores así como sus derechos adquiridos, como la antigüedad y el nivel salarial. Los trabajadores sostienen que, como se trata de nuevas compañías –algunas han cambiado de nombre, aunque sus socios mayoritarios continúan–, deben ser indemnizados. Lo que está en juego es una suma que asciende a 65 millones de pesos. Por lo pronto, el gobierno porteño pidió anoche a los vecinos que sólo saquen la basura inevitable hasta tanto se resuelva el conflicto.
“No hubo acuerdo, y el gremio no va a aflojar”, adelantó anoche a este diario Héctor López, vocero del gremio de los camioneros. “Se rechazó la propuesta de las empresas, que ofrecieron un mes adicional de sueldo: los muchachos tienen 10, 12, 15 años de antigüedad y nos quieren arreglar con un mes”, explicó a Página/12 Pablo Moyano, titular del gremio e hijo de Hugo, uno de los líderes de la CGT.
Actualmente trabajan en la ciudad cuatro empresas, en otras tantas zonas: Cliba, Aeba, Solurban y Ecohábitat. A partir de la última licitación, las empresas que se harán cargo son Cliba, Aesa (ex Aeba), Ecohábitat-Emepa, Transportes Olivos-Ashira y Pescarmona-Martin y Martin, que trabajarán en cinco de las seis zonas en que fue dividida la ciudad. La limpieza de la restante sigue a cargo del gobierno porteño.
Salvo el caso de Cliba, en el resto ha cambiado la composición de las UTE (uniones transitorias de empresas). Ese es el argumento en que se basa el gremio para reclamar la indemnización.
A su favor, el sindicato cuenta con un antecedente: cuando Fernando de la Rúa y su secretario Nicolás Gallo licitaron el servicio de recolección, los trabajadores de la empresa Manliba, que cesó su concesión, fueron indemnizados, aunque también se les garantizó su continuidad laboral. “En esa época, más de uno se compró la casita, ¿por qué vamos a renunciar ahora a ese derecho?”, dijo López, vocero del gremio.
Un representante de Aesa explicó anoche a este diario que “las empresas no tenemos medios para afrontar este reclamo, que no corresponde, porque se respeta la continuidad laboral y todos los derechos adquiridos, aunque en algunos casos haya cambio de razón social”. “Es una locura”, sintetizó el empresario.
El gremio, durante las seis horas que duró la negociación en el Ministerio de Trabajo, esgrimió otras razones. “El que hoy cobra con el recibo de sueldo de una empresa, en un mes lo va a hacer con otra, y si cambia la razón social, ¿quién me garantiza que la nueva empresa es solvente?”, sostuvo Moyano.
Un barrendero gana en promedio 1300 pesos mensuales, un recolector alrededor de 1600 y del chofer el camión unos 2000. La indemnización representa un mes de sueldo por cada año trabajado, pero como rige por ley la doble indemnización, ese monto se duplica. Como muestra de flexibilidad, los camioneros exigían ayer el 180 por ciento en lugar de ese 200 por ciento.
La dureza de la posición gremial hace prever que el conflicto puede prolongarse, lo que podría poner en crisis el servicio de recolección en la ciudad. El trabajo a reglamento, según el gremio, consiste en que los recolectores harán su recorrido caminando y no al trote, como lo hacen habitualmente, y descansarán 15 minutos cada tres horas y 30 minutos a las cinco horas de trabajo. De hecho, según fuentes del gobierno porteño, la medida se traduce en que en muchas cuadras de la ciudad no habrá recolección. Las empresas dicen que, sin la colaboración de los trabajadores, no pueden garantizar el servicio. Y desde la ciudad amenazan con sanciones a las compañías. Todo indica que la pulseada recién empieza.