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El Gobierno de la Ciudad presentará hoy la apelación contra la clausura de la muestra de León Ferrari ordenada la semana pasada por una jueza. El escrito se basará en que la Constitución porteña taxativamente prohíbe la censura, que existe jurisprudencia de todo tipo que rechaza la censura impuesta por jueces, que la muestra no es una intromisión en la intimidad y que un magistrado debe defender los derechos de las minorías. Al mismo tiempo, varias organizaciones que la jueza citó en su fallo supuestamente condenando la muestra de León Ferrari le hicieron llegar a la Ciudad notas señalando que se oponen a la clausura. Entre ellas están la Asociación Cristiana de Jóvenes, CTA, Abuelas de Plaza de Mayo, la Comunidad Bet-El, y anoche se esperaban más comunicados oficiales de otras organizaciones. Además, los abogados de León Ferrari se presentaron ante la magistrada pidiendo ser tomados como parte afectada en el expediente judicial, mientras que un abogado interpuso un recurso de amparo invocando “la defensa de la democracia cultural y la libertad de expresión artística”.
La controversia por el fallo de la jueza Elena Liberatori tendrá hoy un nuevo capítulo cuando la procuradora general del gobierno porteño, Alejandra Tadei, presente el escrito de apelación. Tadei tenía anoche terminada la respuesta, pero se esperaban una serie de notas y comunicados de adhesión que se sumarán al escrito. Sucede que la magistrada invocó, como fundamento de la clausura a una larga serie de organizaciones que supuestamente se pronunciaron en contra de la muestra, señalando que la sensibilidad religiosa fue herida por las obras del artista plástico. Aplicando una especie de regla de tres simple, la jueza Liberatori deduce que esas organizaciones avalan entonces la decisión de clausurar la muestra. En el marco del Diálogo Argentino, la CTA, Abuelas, la Federación Agraria, el Grupo Fénix, Conciencia, la Facultad de Derecho, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la AMIA, la DAIA, la Comunidad Bet-El, Poder Ciudadano, Red Solidaria, asociaciones evangélicas y una larga serie de organizaciones figuran en el listado que la jueza usa para fundamentar la clausura. De esta nómina, varias entidades enviaron comunicados a la procuradora para señalarle que de ninguna manera están de acuerdo con cerrar la exposición y, por ejemplo, el rabino Daniel Goldman consideró que se trata de un acto de censura. La agrupación Convergencia también criticó duramente a la DAIA por sumarse a las posturas contra Ferrari.
En el escrito de Tadei se transcribe jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando hubo presentaciones para censurar la película La última tentación de Cristo. Un punto clave de los fallos de la CIDH es que rechaza la censura tanto si es aplicada por gobiernos, como cuando la censura emana de la Justicia. También hay referencias a los derechos de las minorías. Uno de los puntos más cuestionados del fallo de Liberatori es que exhibe como argumento que el culto católico es mayoría en la Argentina. La procuradora no sólo insistirá en el derecho de las minorías sino que acompañará una encuesta en la que el 82 por ciento de los porteños se opone a la clausura. El texto de apelación que se presentará tendrá como fundamento principal el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la censura y garantiza la libertad de expresión. Además, habrá un largo capítulo dedicado a demostrar que la muestra de León Ferrari, que se exhibe en un centro cultural cerrado, no constituye una intromisión en la intimidad, básicamente porque existe el derecho a entrar o no entrar.
El trámite judicial no será sencillo. La presentación de los abogados de León Ferrari, Pablo Jacoby y Pablo Slominsqui, pidiendo ser parte en el expediente por ser el artista damnificado por la clausura, ya llevó a la jueza a darle cinco días hábiles a la agrupación denunciante, Cristo Sacerdote, para que se expida. Luego la jueza se tomará también su tiempo. Ante el escrito de apelación de la procuradora Tadei ocurrirá algo similar, lo que indica que no habrá resoluciones a corto plazo. Algunos calculan que recién en febrero podría haber novedades.
La nota discordante de la jornada de ayer la dio la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, quien firmó una resolución en la que insta al secretario de Cultura, Gustavo López, a pedir disculpas a la comunidad cristiana supuestamente ofendida por el ultraje a sus símbolos. Pierini ya se había pronunciado en su momento contra la muestra y sus posturas fueron también citadas por la jueza Liberatori fundamentando el fallo de la clausura. López fue categórico: “Es la primera vez en 21 años de democracia que se levanta una muestra de arte. Mañana pueden restringir la circulación de un periódico diciendo que invade la libertad de las personas. La muestra puede ser provocadora, pero nadie estaba obligado a verla, que no era agraviante”.