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El Gobierno descartó que la actual administración arregle con los inversores que rechazaron el canje de la deuda. El tema se terminará “a largo plazo”, durante “futuras gestiones”, según enfatizó ayer un funcionario de máxima jerarquía desde Berlín. En forma tajante, la Casa Rosada dio una respuesta negativa a la principal condicionalidad que está formulando el FMI para firmar un nuevo convenio con la Argentina.
“El canje no se abre”, sentenció el colaborador de Néstor Kirchner y, para clausurar la discusión, agregó que un eventual arreglo con los acreedores que no adhirieron al canje será un tema a tratar “a largo plazo” y será “algo de lo que se ocuparán futuras gestiones”.
El mensaje fue claro no sólo para los interlocutores en Washington, sino también para la interna del Gabinete: el último fin de semana, Roberto Lavagna había abierto la posibilidad a que, en algún momento, se hiciera un intento por integrar a los bonistas que quedaron afuera. La adhesión del 76,15 por ciento que logró el canje dejó holdouts (término con el que se denomina en la jerga financiera a los inversores que rechazaron la reestructuración de la deuda) por unos 20.000 millones de dólares.
Antes que una ley del Congreso que cierra la posibilidad a reabrir el canje, el prospecto de la operación –una especie de manual del canje– sirvió para ponerle límites a una eventual mejora de la oferta a los bonistas. Allí figura que se utilizará toda la capacidad de pago, por los cupones de los bonos no canjeados, para recomprar los nuevos títulos de deuda en el mercado. Esta cláusula estará vigente hasta el año 2009. El año que viene, cuando este mecanismo se ponga en marcha por primera vez, el Gobierno recomprará 671 millones de dólares en títulos de la deuda.
La idea de esta cláusula es revalorizar los nuevos bonos. Al establecer una recompra, los precios de los títulos subirían, con el consiguiente incremento patrimonial de los inversores. Funciona como un premio a los que aceptaron la reestructuración.
La ecuación es clara: si se reabriera el canje y el nivel de aceptación creciera, habría que pagar más cupones y quedaría menos dinero para repartir entre los acreedores que entraron en la operación original. En la city, sin embargo, afirman que existe un atajo: que Economía organice un nuevo canje para los que no ingresaron pero con una oferta peor. Ese castigo serviría para que los que ya aceptaron reciban aquellos 671 millones de dólares pautados de la primera orden de compra y de las siguientes.
El problema, ahora, radica en que el cronograma de vencimientos se pone más duro a medida que avanza el año. Por lo pronto, este viernes vencen 144 millones de dólares, a los que se sumarán otros 140 millones el viernes 22. Este último podría posponerse a pedido del Gobierno, pero seguramente se pagará, como vino ocurriendo con los últimos vencimientos de esas características. Para el mes que viene, el panorama se torna más complicado: hay que girar 415 millones de dólares (144 millones postergables). En junio, la cuenta se abulta a 661 millones (186 millones prorrogables) y las obligaciones de julio caen a 284 millones.
La abultada agenda de compromisos se haría insoportable en mayo. Ese mes vencen nada menos que 2700 millones de dólares entre distintos acreedores: los organismos internacionales, el Club de París y los inversores en Boden y Préstamos Garantizados.