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La Corte Suprema tiene previsto pronunciarse antes de mitad de año sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Durante el plenario que se realizó ayer, los ministros repasaron la situación de los expedientes en los que se impugnaron esas normas. Todo parece indicar que ya no esperarán un fallo de la Cámara de Casación sobre el tema de fondo. Sólo faltaría un dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, que se conocería en quince días.
La reunión de ayer de los miembros de la Corte pasó sin que el tribunal tomara decisiones de trascendencia. La ausencia de Augusto Belluscio, que está con licencia hasta mayo, fue una de las razones para que eso ocurriera. Los ministros aprovecharon para hablar del tema pendiente de mayor importancia institucional junto con la pesificación: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Si bien los jueces no conversaron sobre sus futuros votos, existiría un consenso de siete miembros para avanzar en el enjuiciamiento a los militares de la última dictadura. Esa sería la postura de Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Highton, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi y Antonio Boggiano. Augusto Belluscio y Carlos Fayt se inclinarán por ratificar la vigencia de las normas que paralizaron los juicios por violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con lo que sacaron en limpio los ministros, la Corte estaría en condiciones de pronunciarse en dos causas. Una es la que se refiere a la desaparición de la familia Poblete, aquella en la que el juez Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en marzo de 2001. Ese expediente fue enviado por el máximo tribunal a la Cámara de Casación, que lo tiene desde hace dos años. La otra es la investigación por la desaparición de una veintena de militantes montoneros durante el operativo de la contraofensiva, que ya pasó por Casación. Pero en esa oportunidad el tribunal evitó emitir una opinión sobre la validez de la leyes cuestionadas, ya que argumentó que esa causa debía tramitarse por el Código viejo, que no preveía la intervención de esa cámara.
El caso de la contraofensiva está actualmente a estudio de Righi. Los ministros acordaron pedirle que acelere el dictamen para poder expedirse lo antes posible en ese expediente. Cerca del procurador evaluaron que el escrito estaría terminado en unos quince días. En esa causa, el juez Claudio Bonadío declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, medida que fue ratificada por la Sala II de la Cámara federal. Luego de que el juez detuviera a los ex dirigentes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, ese tribunal le sacó el caso, que ahora está ahora a cargo de Ariel Lijo.
La Corte tiene dos vías para rechazar la vigencia de las leyes de impunidad. Una es la de ratificar su inconstitucionalidad. Otra es la de convalidar la ley del Congreso que las anuló. Esta última parece ser la salida con más consenso. Sea cual fuere el camino elegido, el tribunal ya empezó a transitarlo. Lo hizo con los fallos en los que ratificó la continuidad de la investigación de la desaparición de la joven sueca Dagman Hagelin y –sobre todo– con el que resolvió que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.