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“Soy total y absolutamente ajena a los hechos que se investigan y esta acusación me hace parte de una desventura inmerecida.” Sin apartarse una coma del texto de 250 carillas que había presentado el lunes ante el juez Julio Lucini, la ex subsecretaria de Gestión y Control Comunal del gobierno porteño Fabiana Fiszbin negó ayer toda vinculación con las negligencias que se le achacan respecto de la tragedia de Cromañón que terminó con la muerte de 193 personas. Además de culpar al dueño del local, Omar Chabán, a los efectivos de la comisaría 7ª de la Policía Federal, a los bomberos e incluso a los integrantes de Callejeros, Fiszbin negó afirmaciones formuladas en su contra por el defensor adjunto del Pueblo de la ciudad Atilio Alimena. Según Alimena, la ex funcionaria le habría revelado, en una reunión privada, que muchos boliches “no eran clausurados por decisión política”. Fiszbin aseguró que los dichos del defensor adjunto “son absolutamente falsos” y pidió a Lucini que ordene la realización de un careo entre ambos. La ex funcionaria estuvo ayer más de doce horas declarando en el tercer piso del Palacio de Justicia, en el despacho del juez, al que había ingresado a las 9.15, acompañada por sus abogados, Marcelo Fainberg y Jorge Anzorreguy.
El fiscal Juan Manuel Sansone, que pide el procesamiento de Fiszbin por “homicidio culposo” reiterado en 193 casos, un cargo en principio excarcelable, afirmó al formular su acusación que “así como Chabán tuvo numerosos indicios para vislumbrar la posibilidad de un incendio” en el local, los funcionarios imputados tuvieron “no una sino cuatro advertencias previas que desoyeron”. En primer lugar, citó un informe de la Defensoría del Pueblo, firmado por Alimena, que advertía, en mayo de 2004, siete meses antes de la tragedia, que debían inspeccionarse a fondo los 258 locales bailables clase “C”, como Cromañón, porque las irregularidades eran tan graves que había que darle al problema “otra lectura, no esperar que suceda una catástrofe para después reaccionar como (...) suele suceder”. Y el párrafo siguiente resulta hoy premonitorio: “Sólo falta un siniestro, el resto serán explicaciones, procesos judiciales y muertos”.
Fiszbin y los demás funcionarios imputados, según Sansone, recibieron otras señales de alarma de parte de la División de Prevención de los Bomberos de la Federal, entre abril de 2003 y abril de 2004, y de los diputados porteños Jorge Enríquez y Fernanda Ferrero. La ex titular de Gestión y Control Comunal rechazó las imputaciones y dejó sentado en su defensa: “No perdamos de vista que las 193 muertes fueron provocadas y causadas por la bengala, el humo y la criminosa clausura de las puertas de evacuación” del boliche, en alusión a los argumentos invocados por Lucini en el auto de prisión preventiva de Chabán. La ex funcionaria afirmó que “resulta imposible” controlar las “miles de decenas de actividades críticas” que hay en Buenos Aires, motivo por el cual el Estado sólo realiza “controles selectivos”. En ese sentido recordó “la obligación de los propietarios de los locales de tener certificado anual de habilitación o el certificado de Bomberos”. Luego cargó contra los bomberos, la policía e incluso los fiscales contravencionales que tenían antecedentes de hechos similares protagonizados por seguidores del grupo Callejeros en el estadio de Excursionistas y en Obras Sanitarias y “no tomaron las precauciones del caso”. Cuestionó las deficiencias en el cacheo para evitar el ingreso de pirotecnia y para hacer cumplir el máximo de 1031 espectadores fijados para Cromañón.
“Es un dislate jurídico imposible de aceptar reprocharme penalmente por la omisión de los funcionarios policiales o contravencionales”, aseguró Fiszbin en el escrito que entregó a Lucini. La ex funcionaria, a manera de conclusión, dio su opinión acerca de cuáles fueron los factores que provocaron la tragedia:
1 El criminal accionar de la persona que arrojó la bengala o la candela hacia el techo del local.
2 La irresponsable y ávida actuación de Omar Chabán de permitir el ingreso de 3500 personas cuando sólo podían entrar 1031.
3 La clausura de la única puerta de emergencia.
4 La falla de los agentes preventores que tenían a cargo el control de la jurisdicción y que no cumplieron con los deberes a su cargo.
5 El defensor adjunto Atilio Alimena tenía información sobre lo que ocurría en los locales clase “C” y no hizo nada.
Según los dichos de Fiszbin, “carecen de fundamento” los cargos formulados en su contra. Respecto de la controversia con Alimena sobre el supuesto “amparo político” de algunos empresarios, el fiscal citó el testimonio del ex inspector Horacio Santinelli, quien declaró en la causa que los organismos de control son “verdaderas cajas de recaudación política”. Otro ex empleado, Adrián Rivero, aseguró que Fiszbin carecía de vocación para el cargo: “Me dijo que no contara con ella para los controles, porque eso no le gustaba”.
El nombrado Rivero aseguró, por otra parte, que una vez se interrumpió una inspección en una parrilla de Constitución porque el local era de la esposa de un funcionario. Y Santinelli refirió que otra vez tuvo problemas similares porque en el trámite de habilitación estaba interesado un alto funcionario que ni siquiera era del área. El punto podría derivar en un careo entre Fiszbin y Alimena.