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El Gobierno consiguió que otra privatizada suspenda el juicio que había iniciado contra el Estado ante un tribunal internacional. Se trata de la estadounidense AES, controlante de la distribuidora eléctrica bonaerense Edelap. La compañía llegó a un acuerdo transitorio sobre las condiciones para operar el servicio durante este año –que distintas asociaciones de consumidores consideraron muy ventajoso para Edelap– y a cambio accedió a frenar sus acciones ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Pero la demanda seguirá en pie hasta tanto se pacte la renegociación definitiva del contrato. La empresa reclama una indemnización de unos 750 millones de dólares. Por otra parte, el Poder Ejecutivo arregló otro conflicto con el extinguido Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA), el cual exigía una reparación de 850 millones de dólares al responsabilizar al Banco Central por su quiebra.
La estrategia oficial frente a las privatizadas es exigirles que desistan de sus juicios ante el Ciadi, como condición para renegociar sus contratos. El plan viene dando resultados positivos. La española Gas Natural Ban y la petrolera estadounidense Pioneer lo hicieron, y ayer ocurrió algo similar con BIBA y Edelap. En este caso, AES no bajó la demanda sino que sólo la suspendió. Una de las razones es que espera a solucionar la situación de sus otras controladas: las distribuidoras eléctricas Eden y Edes y las generadoras AES Alicurá, AES Paraná, AES Juramento y Central Dique. Todas ellas también presentaron sus casos ante el tribunal del Banco Mundial, en Washington.
El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, destacó los acuerdos con AES y BIBA. “Se trata de otro paso exitoso de la política oficial, que apunta al arreglo extra arbitral de los planteos formulados por inversores en base a tratados internacionales”, afirmó. Las asociaciones de consumidores muestran menos entusiasmo respecto del caso Edelap. Le reprochan al Gobierno que le haya concedido a la empresa un plazo de entre siete y diez años para pagar multas adeudadas por 28,8 millones de pesos, mientras que le condonó sanciones por otros 19 millones. Además, la distribuidora bonaerense consiguió un aumento de tarifas del 23 por ciento para sus usuarios comerciales y una revisión integral de su cuadro tarifario que deberá completarse durante 2006 (ver aparte).
En cuanto al caso del BIBA, Guglielmino comentó que se notificó del desistimiento de su demanda que había iniciado ante otro tribunal arbitral: la Cámara de Comercio Internacional. El caído banco de Carlos Bulgheroni se quejaba de que el Banco Central había supuestamente incumplido un plan de saneamiento de la entidad que había desembocado en su quiebra. No hubo información oficial sobre los motivos del desistimiento.
Más allá de los convenios puntuales que el Gobierno va sellando con distintas privatizadas, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, ratificó ayer que el Poder Ejecutivo desconocerá cualquier fallo del Ciadi condenatorio del Estado argentino. El funcionario fue categórico al rechazar su competencia. Dijo ayer que se “desconoce” al tribunal porque es “incapaz” para juzgar el litigio planteado por las compañías. También sostuvo que el organismo colaboró con una estrategia extorsiva de las empresas, y por lo tanto nada de lo que diga –si es contrario a los intereses nacionales– será aceptado automáticamente. Antes, deberá expedirse la Justicia local.
Rosatti opinó que el Ciadi “se interpreta a sí mismo” sobre su competencia, mientras que las empresas recurrieron a ese fuero “porque es más barato” que hacerlo en otros. El ministro sostuvo que el tribunal “avaló la estrategia a dos puntas” de ciertas compañías “que por un lado renegocian sus contratos con el Gobierno y por otro lo demandan”. Luego precisó que las empresas pueden apelar a los tratados de protección de inversiones cuando “hay decisiones arbitrarias del Estado huésped contra su inversión”. Pero, agregó, “bajo ningún punto de vista pueden interpretarse como un seguro contra malos negocios o una patente de inmunidad que aísle al inversor de las contingencias del país en el que invierte”.
Rosatti insistió en que la Justicia local revisará los fallos que dicte el Ciadi, porque así lo marca la Constitución. Además, el Congreso se apresta a sancionar una ley que ratificará ese criterio. “No queremos cambiar las reglas de juego: el sistema jurídico argentino es el mismo desde 1853 y, por otra parte, era conocido por los inversores al momento de colocar su inversión” en el país, concluyó el titular de Justicia.