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Antes de que la Cámara de Diputados se convirtiera en una caldera, los legisladores votaron a mano alzada un proyecto de ley que introduce cambios sustanciales en el régimen previsional. El primero de ellos es que se abre la opción del traspaso del sistema de capitalización al estatal. Hasta ahora, quienes están anotados en una AFJP tienen permitido pasar de una compañía a otra, pero de ningún modo al reparto. Domingo Cavallo es el padre de ese corralito, que se instauró en 1994, por presión de los bancos como en el caso del financiero. El otro punto saliente del proyecto que obtuvo media sanción es que las personas que ingresen al mercado laboral permanecerán en el régimen estatal, y para afiliarse a una AFJP deberán completar el trámite de traspaso. En la actualidad, pasados 30 días del inicio de la primera actividad laboral formal, si la persona no manifestó expresamente su voluntad de quedarse en el reparto es asignada a una AFJP.
El proyecto fue elaborado por la diputada María América González, quien durante cuatro años se vio superada por la contundente presión de las AFJP y de sus accionistas mayoritarios: los bancos. Sin embargo, con el paso del tiempo el lobby empresario fue perdiendo efectividad en la Cámara de Diputados. Ya el año pasado la comisión de Previsión, que preside González, acordó casi por unanimidad la iniciativa que se votó ayer: 22 legisladores del Frepaso, el radicalismo y el peronismo pusieron su firma al dictamen, mientras que el representante de Acción por la República, Guillermo Alchouron, votó en disidencia. El proyecto no prosperó en el recinto porque la mayoría de los diputados de la Alianza bloqueó su tratamiento.
Los cambios políticos y, especialmente, la llegada de Graciela Camaño al Ministerio de Trabajo, terminaron de conformar la base de sustentación para que el proyecto fuera aprobado. A la vez, Alchouron retiró su dictamen en disidencia por pedido de la Mesa de Diálogo Social, lo que permitió que la iniciativa fuera votada ayer a mano alzada.
“Hace seis meses hubiera dicho que el proyecto jamás conseguiría la media sanción. Ahora supongo que el Senado lo planchará, y si por casualidad lo convierte en ley, el Poder Ejecutivo debería vetarla, pero con tanto revuelo político no me animo a aventurar nada”, confesó en diálogo con Página/12 uno de los máximos ejecutivos de una AFJP líder. En particular, lo que inquieta a las empresas es que el presidente de la comisión de Previsión de la Cámara alta es Luis Barrionuevo, esposo de Camaño, quien impulsaría la iniciativa. La ministra de Trabajo reveló el último domingo a este diario que su intención es promover una reforma previsional que termine con las prebendas de las AFJP.
A las administradoras los cambios propuestos no les causan ninguna gracia, y harán todo lo posible para que el proyecto naufrague. El 80 por ciento de sus nuevos afiliados son indecisos, es decir, personas que fueron anotadas en una AFJP por no haber optado por el régimen de reparto durante los 30 días que tenían para hacerlo. El promedio del último semestre de 2001 fue de 160 mil personas por mes que llegaron al sistema de capitalización por esa vía. Las empresas no tuvieron que invertir un centavo para conseguir el grueso de sus clientes. Con la ley, esa ventaja desaparece, ya que los indecisos serán anotados en el sistema estatal, “como marca la constitución”, según argumentó González.
Las AFJP tienen 8,9 millones de afiliados. De ese total, 2,7 millones eran indecisos. En el sistema de reparto quedan 2,6 millones de personas. Una proyección de los legisladores indica que la corrección en el mecanismo de reparto de los indecisos aumentará en 400 millones de pesos la recaudación previsional para el Estado. Esos fondos dejarían de ir a las AFJP. De acuerdo al proyecto, habrá libre traspaso entre el sistema de capitalización y el estatal, aunque será necesario esperar 24 meses después de cada salto. Desde la creación del sistema de capitalización, en1994, las AFJP embolsaron por comisiones 8064 millones de pesos convertibles.