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Aunque se esmeran por darle a la pobreza el carácter de problema prioritario, los empresarios tienen sus propias recetas para acotar las crecientes demandas sociales, aunque no siempre coincidentes. Alfredo Coto avala aumentos salariales sólo en la medida que “no resulten inflacionarios”, lo que en su rubro significaría una mejora muy inferior al 18 por ciento pretendido por los mercantiles. Sobre la misma base, Enrique Pescarmona dio un paso más, sugiriendo “acotar” la protesta piquetera, para que no se vulnere el derecho constitucional de libre circulación. Luis Bameule, titular de la alimentaria Quickfood, rompió en cambio los esquemas: recomendó a sus pares empresarios “pagar los impuestos y dejar de contratar personal en negro”.
Las declaraciones de las autoridades de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino) fueron desgranadas ayer en el precoloquio de Rosario, poco después de que en el panel destinado a la cuestión social se describiera la situación actual, signada particularmente por la presencia de pobres originados en la clase media. El caballito de batalla oficial siguen siendo los planes sociales, que desde septiembre todos los beneficiarios cobrarán con la tarjeta de débito, la que hoy les permite a sus titulares comprar con un descuento de 15 puntos en la tasa del IVA.
“Los empresarios siempre estuvimos preocupados por la cuestión social, sólo que ahora es más grave”, justificó Pescarmona el papel central del tema en estos debates. En rigor, es una temática obligada de estos eventos desde el estallido del 2001, cuando la realidad obligó a ampliar la mira hacia otras cuestiones.
“Me parece bien que manifiesten los piqueteros, pero que no obstruyan las vías de acceso, ya que eso es anticonstitucional”, sentenció el empresario mendocino, un convencido de las bondades de la fórmula del derrame. “Estamos mucho mejor que hace tres años, pero falta. Para salir del pantano primero debe crecer la economía, así se genera más empleo; luego hay que capacitar y después pensar en la política de ingresos”, sugirió.
El argumento muletilla de los hombres de empresa para limitar las recomposiciones salariales es evitar el presunto efecto inflacionario. “Los sueldos deben ir ajustándose, pero no se puede pretender un incremento del 30 o 40 por ciento de una vez”, sentenció Alfredo Coto ante un núcleo de periodistas. Frente a una pregunta de Página/12 precisó su propia fórmula de “subir un 3 o un 4 por ciento ahora, y otro tanto en unos meses”. Menos del 8 por ciento que ya ofreció formalmente la Cámara Argentina de Comercio.
La renuencia patronal contrasta por su proclamada vocación de solucionar los problemas sociales detallados en el panel matutino, que integró el secretario de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (junto al director de Enarsa, Aldo Ferrer, los únicos funcionarios nacionales presentes en el evento). El viceministro de Alicia Kirchner comenzó por reconocer que “el grueso de los pobres argentinos lo son por insuficiencia de ingresos” más que por razones estructurales, deficiencia en el acceso a los servicios que explicaría no más del 12 por ciento del problema. Algo similar planteó ayer el director ejecutivo de Cáritas, Pedro Antonini, que recordó que el 70 por ciento de los pobres actuales viene de la pauperizada clase media.
La principal herramienta oficial para paliar el drama sigue siendo el Plan Jefas y Jefes ahora desdoblado: una parte de esos beneficios se destina a personas con posibilidad de empleo, que deben cumplir planes de capacitación; la otra, para quienes no tienen chance de insertarse en el mercado laboral, a través del Plan Familia, cuya condición de acceso es que el beneficiario (básicamente las madres) acredite que sus hijos asisten a la escuela y cumpla con el plan de vacunación.Hoy existen 1,2 millón de personas que cobran esos planes a través de tarjetas de débito y, según planifica Desarrollo Social, de aquí al 15 de septiembre habrá otras 600 mil. Con el empleo de ese instrumento librado por el Banco Nación se puede obtener 15 puntos de descuento en el IVA sobre las compras –10 puntos por encima del recorte que consigue el resto de titulares–, un beneficio fiscal que se les restituye al mes siguiente, junto al pago de la próxima cuota del plan.
Sin embargo, apenas un 20 por ciento de los titulares de ese plástico aprovecha esa prerrogativa, ya que la mayoría prefiere retirar de una vez los 150 pesos de su mensualidad y gastar a voluntad ese magro efectivo. Por eso el empeño oficial está centrado en estimular de algún modo el uso de ese plástico de parte de los beneficiarios de planes sociales, un universo de 1,8 millón de personas que no tienen ninguna perspectiva de ampliarse y cuyos contornos siguen siendo cuestionados: el directivo de Cáritas estimó oficiosamente que existen unos 400 mil indigentes que no tienen ningún plan, al tiempo que existe una cifra similar de argentinos que no son pobres y cobran el beneficio.