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Mientras un grupo de manifestantes denunciaba ayer el despido de 200 trabajadores de Coto en el ingreso a la Bolsa de Comercio rosarina, sede de este coloquio, en el interior del edificio 400 empresarios congregados respondían, en una encuesta acerca de cómo promover la inclusión social, que el Estado debe garantizar una mayor cobertura en educación, pero delegar el control del manejo de los recursos asistenciales.
Según la encuesta realizada por D’Alessio Irol, un masivo 85 por ciento respondió a la pregunta de qué debe hacer la administración estatal para lograr aquel cometido, optando por la alternativa de “mejorar la cobertura y la calidad de la educación escolar”, opción secundada por la de “impulsar la formación laboral”.
A la hora de señalar qué le compete al sector privado, los hombres de empresa eligieron, en un 54 por ciento, “sumar aportes al sistema educativo en la definición de las competencias necesarias para el acceso al mercado laboral”. ¿Cómo lograr que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesitan?, fue otra pregunta. El 81 por ciento eligió “fortalecer la participación y el control de la sociedad civil” sobre el manejo de esos recursos. Apenas el 19 por ciento opinó que eso es posible “incrementando los controles del Estado”.