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Juan Carlos López, ex secretario de Seguridad y Justicia porteño hasta días después de Cromañón, será llamado a indagatoria en caso de que el juez Julio Lucini acepte el pedido del fiscal Juan Manuel Sansone. López se transformaría en ese caso en el funcionario porteño de mayor rango imputado por la tragedia. Sansone acusa a López de incumplimiento de los deberes de funcionario público no sólo por no haber controlado la tarea de sus inspectores, sino porque, además, el fiscal dejó demostrado que el propio López, si era necesario, podía intervenir él mismo en reemplazo de sus inspectores. De todos modos, no está claro que Lucini vaya a aceptar el pedido: el juez está detrás de nuevas pruebas que permitan citar a declarar a funcionarios bajo la figura del homicidio culposo.
El fiscal Sansone planteó el pedido analizando tres cuestiones: si se le puede reprochar a López el desatender la tarea de control de sus inspectores, y para ello determinar si el secretario recibió suficientes señales del peligro que se corría. Si el control de López sobre la tarea de sus funcionarios hubiera permitido diagramar inspecciones de otro modo. Y si ese control hubiera evitado la tragedia.
Sansone demostró que López no puede argumentar desconocimiento, ya que los informes realizados por la Defensoría del Pueblo sobre el estado de inseguridad en que funcionaba la enorme mayoría de boliches de clase “C” fueron enviados a la propia secretaría conducida por él, y además agregó que el informe luego fue ampliamente difundido por la prensa.
Señaló también que López tenía entre sus atribuciones el de delegar funciones de policía y de control sobre los inspectores y que, en algún caso, él mismo podía reemplazar a sus funcionarios delegados y asumir la tarea el propio secretario. Para ello citó un caso peculiar: en abril del año pasado, el Club Hípico Argentino solicitó permiso para realizar en sus instalaciones un evento denominado Southfest. El pedido fue cursado demasiado sobre la fecha y ya fuera de los límites de tiempo permitidos, por lo que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos lo rechazó. Pero López, mediante la resolución 211, dispuso revocar el rechazo, autorizó a la realización de la fiesta, alegando que quienes habían pagado entradas serían perjudicados y podrían generar conflictos e inseguridad y ordenó la clausura del club una vez finalizada la fiesta. Como condición ordenó una serie de operativos (presencia de personal idóneo, operativo médico sanitario, de bomberos y policía, que los inspectores tengan acceso sin límites al lugar, baños químicos, etc.) que de haberse realizado de igual manera en Cromañón difícilmente se hubiera provocado el desastre.
“Concluimos –sostiene Sansone– que López contaba en términos fácticos con la posibilidad de modificar, injerir e incluso retomar y ejercer por sí mismo las atribuciones oportunamente delegadas.” Luego, Sansone demuestra que además del informe de la defensoría y su publicación en la prensa, la propia Legislatura solicitó al gobierno porteño el 15 de octubre de 2004 sobre inspecciones, sanciones, multas y eventuales clausuras. Como plazo de respuesta se puso el 4 de noviembre. La respuesta fue entregada recién el 3 de febrero de 2005, 35 días después del incendio. Más allá de la paradójica demora, y la curiosa fecha de presentación, Sansone consideró demostrado que la idea de peligro coexistía en ámbitos semejantes a los que actuaba López.
De todos modos, no está claro que Lucini vaya a aceptar el pedido del fiscal, porque analiza más pruebas que podrían acusar a los funcionarios por homicidio culposo, cuestión a la que no escaparía López ni posiblemente Aníbal Ibarra.