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“El Poder Ejecutivo considera que los indultos aplicados a crímenes de lesa humanidad son inconstitucionales”, aseguró ayer el ministro de Justicia, Horacio Rosatti. Fue la definición que decidió dar el Gobierno sobre el tema que inevitablemente sigue a la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida en el camino para destrabar el juzgamiento de todos los represores de la última dictadura. Una “resolución definitiva”, dijo Rosatti, sólo puede surgir “de los tribunales”. En la Corte Suprema ya hay voces que admiten la posibilidad de dejar sin efecto los indultos con argumentos similares a los que fueron aplicados para las leyes de impunidad.
Las afirmaciones de Rosatti buscan marcar un rumbo y un destino para los indultos. Revelan, a la vez, cierto guiño al jefe del Ejército, Roberto Bendini, que ante el fallo supremo sobre las leyes de punto final y obediencia debida reclamó la derogación de los decretos de perdón –que firmó Carlos Menem en 1989 y 1990– para que los jerarcas militares no queden a salvo del castigo. Ayer precisó que también se refería a los indultos que beneficiaron a civiles.
Ante un escenario complejo, la intención del Gobierno de no intervenir de manera directa lo exime de asumir una medida concreta que requiera establecer una diferencia para la situación de ex represores y de ex guerrilleros. Es más factible que de eso se encargue la Justicia al analizar caso por caso.
Rosatti dijo, como explicó este diario, que “hay tres caminos posibles” para hace caer los indultos: una ley del Congreso, un decreto o disposición del Poder Ejecutivo o un fallo judicial. “El más viable y, sobre todo, el más seguro y más definitivo, a partir de una decisión política de descalificar los indultos para los delitos de lesa humanidad, me parece que es el camino judicial”, sostuvo el ministro. Se ocupó incluso de especificar que una declaración inconstitucionalidad sería sólo aplicable a los responsables de los crímenes de terrorismo de Estado. En cambio, distinguió, “el ejercicio de la violencia en muchos casos, no en todos, puede encuadrar en el derecho de resistencia a la opresión de un gobierno de facto”.
“La misma lógica” que utilizó la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de las leyes del olvido es, según Rosatti, “aplicable a los indultos”. “De los mismos considerandos del fallo surge una conclusión de esa naturaleza”, señaló.
Al expedirse esta semana, el máximo tribunal advirtió que, de acuerdo con los tratados internacionales sobre derechos humanos que Argentina suscribe y a las disposiciones de la Corte Interamericana (que son obligatorias), los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, no prescriben, y el Estado tiene el deber de investigarlos y sancionarlos.
Dos integrantes del máximo tribunal consultados por Página/12 reconocieron que estos argumentos “podrían aplicarse a los indultos”. Es posible, proyectaron, que la Corte lo haga y revierta una decisión de 1990 en la que los convalidó. Lo hizo con los votos de dos actuales supremos, Antonio Boggiano y Carlos Fayt, junto con Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra, Julio Nazareno.
Hasta ahora tres jueces de primera instancia declararon la inconstitucionalidad de los indultos. También confirmó esa decisión la Sala I de la Cámara Federal en la megacausa sobre los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército. Es probable que este expediente, que ahora está en la Cámara de Casación Penal, no tarde en llegar a la Corte y la obligue a debatir el asunto.
De todos modos, el máximo tribunal tiene en su poder desde hace tiempo una causa sobre la desaparición de ciudadanos alemanes en la que el Estado alemán pidió la inconstitucionalidad de los indultos al reclamar la extradición de Carlos Guillermo Suárez Mason y otros represores.
El titular de Justicia admitió que más allá de la vía judicial “se pueden analizar otras alternativas” para derribar los indultos. Pero trató de dejar en evidencia las dificultades de una ley del Congreso o una resolución presidencial. “No aseguran un resultado definitivo porque quienes han sido beneficiados por un indulto podrían reclamar ante la Justicia invocando la seguridad jurídica, derechos incorporados y demás”, explicó Rosatti.
El ministro planteó la posibilidad de que la Secretaría de Derechos Humanos, que está legitimada, se presente en algún expediente para impulsar su avance hacia la inconstitucionalidad de los indultos. Esa área de Gobierno interviene, ante todo, en expedientes sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza y Salta. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, celebró el fallo contra las leyes de punto final y obediencia debida y recordó que la discusión sobre los indultos “no se empieza a tratar hoy” en los tribunales.
Mientras tanto, el Congreso podría debatir el martes próximo proyectos para derogar los indultos en una sesión especial que fue solicitada por Patricia Walsh (Izquierda Unida) con el apoyo de legisladores del ARI y del radicalismo. Por lo pronto, el presidente del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari, no quiso firmar la iniciativa y es incierto que haya quórum. Rosatti insistió: “Más tarde o más temprano siempre estos temas terminan por una resolución judicial”.