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Los poderosos lobbistas de empresas extranjeras que controlan los servicios públicos en la Argentina no salen de su asombro. El viernes al mediodía recibieron la primera señal de alarma, cuando escucharon de boca del presidente de la Nación aquello de “terminar con la alianza del poder político con el poder financiero” para construir una nueva “alianza de la comunidad productiva”. También las invocaciones varias a la “defensa irrestricta de los intereses nacionales” ante las consecuencias nefastas del “proceso de desnacionalización”. Luego vieron que los intentos por torcer la voluntad de los legisladores en materia de pesificación de tarifas públicas y aplicación de retenciones a la exportación de hidrocarburos les resultaron extrañamente inútiles. En un intento desesperado, las petroleras recurrieron a sus gobiernos de origen para hacer gestiones por “diluir” las retenciones incluidas en el proyecto que anoche aprobaba Diputados. Hoy por la mañana, Duhalde recibirá en Olivos a una delegación de petroleros que encabezarán directivos de Repsol y Pérez Companc. Es sólo una más de las múltiples operaciones desarrolladas a lo largo de los dos últimos días, y que seguramente no culminarán hoy.
A Duhalde le llevó más de 24 horas convencer a los legisladores de su propio partido sobre la firmeza de la decisión del Gobierno para avanzar a “una nueva alianza” con el sector productivo. No le alcanzó con la incorporación de Ignacio de Mendiguren, de la UIA, al gabinete nacional. Como prueba de fe, los parlamentarios justicialistas le exigieron un pronunciamiento público, el del viernes al mediodía, que reflejara la ruptura definitiva con el poder financiero e internacional. Dubitativo, Duhalde proclamó el fin de un compromiso y el inicio de otro. Frente a las pantallas de televisión, empresarios locales y extranjeros que trabajan para bancos, concesionarias y petroleras de origen multinacional percibieron que se abría una batalla inédita en la última década.
Una y otra vez durante ese viernes y hasta la mañana del sábado, los banqueros creyeron encontrar comprensión de parte del ministro de Economía, Remes Lenicov, en cuanto a que asegurar la devolución de los depósitos en dólares y a la vez garantizar la pesificación de las deudas con los bancos, era “un salto al vacío”. Pero una y otra vez, vieron cómo los dichos de Remes se diluían cuando el texto de la Ley de Emergencia Pública pasaba a instancias políticas. Sus temores por los compromisos en favor de depositantes y deudores del sistema del primer proyecto de ley, levemente atenuados en el segundo, parecían disipados cuando en la madrugada del sábado Jorge Todesca, viceministro, les aseguró que sólo se cubrirían de la devaluación (pesificándolos) a los créditos hipotecarios menores a 100 mil dólares en su origen. Pero al mediodía, el proyecto que entraba al Congreso extendía la garantía a todo crédito hasta ese monto, límite que incluso los legisladores pretendían elevar a 200 mil.
Una nueva llamada a Remes recibió la misma respuesta que, a esa hora, ya habían tenido las concesionarias de servicios públicos. “Yo no puedo hacer nada; arreglen lo que puedan en el Congreso porque una vez que se vote, no puedo reabrir la discusión”, sentenció. Amadeo Vázquez, del BBVA Francés, agilizó sus contactos al más alto nivel del Gobierno y, acompañado de otros dos banqueros, obtuvo un compromiso mínimo, pero tranquilizador a esa altura, cuando ya la sesión en Diputados llevaba más de una hora: el PJ no aumentaría la cota de créditos “protegidos” a 200 mil pesos. Al enterarse, más de un diputado justicialista amenazó con dejar su banca, pero la sangre no llegó al río.
Más intensa aún fue la gestión de los lobbies de las “privatizadas”. Las tarifas públicas es prácticamente el único punto en el que el proyecto de emergencia avanza firmemente y sin mediaciones al eliminarle la indexación y la dolarización. Las gestiones por eliminar esas cláusulas no sólo se hicieron localmente, como las que desarrolló el ejecutivo y patrocinante de empresas extranjeras Juan Carlos Cassagne, socio en el bufete con Emilio Cárdenas. Desde el exterior, el español José María Aznar se comunicó jueves y viernes con Duhalde para mediar por las tarifas telefónicas y eléctricas. Con más bajo perfil, también hubo sutiles presiones desde Francia, con intereses en agua, electricidad y teléfonos. El tono de la respuesta de Duhalde ante Aznar marcó un límite preciso: si las empresas no aceptan estas condiciones, no hay condiciones para resolver el conflicto político, social y económico.
Aznar volvió a comunicarse en la noche de ayer con Duhalde, pero con otro tema de la agenda: petróleo. La última versión del proyecto de ley, la que ingresó al Congreso, crea un derecho a la exportación de hidrocarburos por cinco años. Aznar obtuvo que Duhalde reciba, hoy por la mañana, a petroleros de cinco empresas para tratar el punto. No estaría presente Remes Lenicov, pero sí Jorge Capitanich. Por Repsol podría concurrir José María Ranero Díaz, encabezando la misión junto a Oscar Vicente. Es probable que Carlos Bulgheroni interrumpa sus vacaciones en Punta del Este por algunas horas. El mensaje que transmitirán es claro y poco amigable: está en manos del Ejecutivo “diluir” el efecto del derecho de exportación con una tasa muy baja, y reclamarán que el gobierno “nunca más” ponga a las empresas de servicios en la vereda de enfrente de una “alianza con la producción”.