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Además de fallar sobre las jubilaciones de diplomáticos y docentes, la Corte Suprema dictó ayer otra sentencia vinculada con un conflicto por liquidación de haberes. En este caso, el máximo tribunal rechazó el pedido de dos personas que pretendían la actualización de sus jubilaciones, en base a la jurisprudencia establecida con el caso de María del Carmen Sánchez. De acuerdo con el Gobierno, la resolución les cierra la puerta a unos 90 mil retirados que estaban con demandas similares.
Basilio Andino y Susana Cortiña elevaron un reclamo ante la Corte para conseguir un aumento de sus jubilaciones. En instancias inferiores de la Justicia les habían cerrado la puerta, debido a que los jueces aplicaron los antecedentes del caso de Sixto Chocobar. Este último jubilado –ya fallecido– fue tomado en su momento como caso testigo por la Corte menemista, que denegó su pedido de actualización de haberes y convalidó el virtual congelamiento de los beneficios que habían establecido Carlos Menem y Domingo Cavallo.
El máximo tribunal, con su actual integración, cambió la doctrina Chocobar a principios de este año. A través del caso Sánchez, dispuso la legalidad de la actualización de haberes y habilitó miles de reclamos en esa dirección. Sin embargo, ayer aclaró que cuando “hay cosa juzgada”, no hay posibilidad de reclamo. Pero algunos especialistas entienden que si el jubilado inicia otra causa desde cero accederán a la actualización como Sánchez.