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El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, rechazó el acuerdo firmado el jueves entre el Gobierno y la cadena cárnica, al considerarlo la antesala del control de precios y una violación de “la ley de la oferta y la demanda”. El dirigente agregó que se trata de una “medida cortoplacista” y “preelectoral” que afectará a quienes producen los animales de mejor calidad y fomentará la informalidad de las transacciones. La queja ruralista se produce en momentos en que el sector ganadero y la industria cárnica experimentan un verdadero boom productivo y exportador tras más de un cuarto de siglo de estancamiento. El propio Miguens reconoció además que el sector al que representa no es formador de precios.
El dilema que enfrenta el Gobierno en materia de precios es de vieja data. La desindustrialización de la economía argentina, promovida, entre otras entidades, por la Sociedad Rural Argentina (SRA), determinó que hoy el grueso de las exportaciones provengan del agro o de las cadenas agroindustriales. Un reciente estudio de investigadores de la Universidad de Buenos Aires demostró que si bien el sector representa cerca del 60 por ciento de las exportaciones, genera sólo el 18 por ciento del empleo. La baja demanda de mano de obra sectorial se agudiza en las actividades netamente primarias de la Pampa Húmeda, caracterizadas por la concentración económica en grandes unidades productivas sujetas a economías de escala. Un dato confirmado por el Censo Nacional Agropecuario de 2003, que mostró la fuerte disminución del número de explotaciones durante la década del 90.
Así, las actividades agropecuarias se convirtieron en expulsoras tanto de mano de obra como de pequeños propietarios. Vale recordar, además, que el 70 por ciento del empleo rural está en negro. Desde una perspectiva económica, la reprimarización no sólo se relaciona con el elevado desempleo estructural, sino que dio lugar a la especialización en la exportación de bienes salario. Es decir, se venden al exterior los mismos productos que integran la canasta de consumo de la población. El cambio de precios relativos post devaluación dio lugar a una significativa baja de los costos de producción, que elevó notablemente la rentabilidad sectorial.
A la vez, la revolución industrial en China y otros países asiáticos alimentan un ciclo de altos precios de las commodities, entre ellas las agropecuarias. Para los empresarios del agro sólo el efecto precios contrarrestó lo que el Estado recauda por el impuesto a las exportaciones. Pero a pesar de gozar una situación sumamente favorable, el sector está empeñado en una letanía anti retenciones de largo aliento, ominosa en un país donde casi el 50 por ciento de la población es pobre y donde el grueso de los ingresos tributarios continúa proveniendo de los impuestos al consumo.
La especialización en la exportación de bienes salario en el citado contexto de elevados precios internacionales provoca un efecto adicional que afecta especialmente a los sectores de menores ingresos: la “importación” de inflación. Como en condiciones de libremercado los productos tienen un solo precio, los productores trasladan al mercado interno el precio que obtienen en el exterior. Las retenciones, al restar de hecho la alícuota que se paga por el tributo al precio interno, fueron un paliativo del problema. Pero la existencia de mercados internos concentrados y oligopólicos supuso un escollo adicional.
Para superar esta dimensión, el Ministerio de Economía recurrió desde marzo pasado a los acuerdos de precios, entre ellos el de la carne que ayer criticó la SRA. Desde la Secretaría de Agricultura se introdujo una palabra extraña en materia de funcionamiento de los mercados: “precios solidarios”. Este concepto está detrás de la “invitación” del Gobierno a que los productores limiten su ganancia en el mercado interno. Una invitación que es acompañada con la amenaza de los impuestos a las exportaciones. El caso de los lácteos, más allá de los resultados conseguidos, fue una señal.
La industria frigorífica parece haber hecho el balance de costo beneficio y se allanó al acuerdo firmado el jueves. Supermercadistas y consignatarios de hacienda firmaron a regañadientes. Todavía falta cerrar con las carnicerías, pero fuentes de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca), la encargada de velar por el cumplimiento del acuerdo, dijeron a este diario que a partir de la semana que viene comenzarán con fiscalizaciones. La fuente dijo que existiría en este sector minorista, al igual que en toda la cadena, una muy probable subfacturación del IVA. En el caso del comercio minorista, grandes y pequeños, el término “fiscalización” parece ser igual de disuasivo que “retenciones” para los exportadores.
A pesar que los ganaderos repitieron en cuanto foro participaron que no son formadores de precios, no dejaron de quejarse por no haber sido invitados a la mesa de negociación del acuerdo. La SRA, una entidad que tiene unos 6000 socios, de los cuales aportan menos de la mitad, es considerada hoy por el Ministerio de Economía como “poco representativa”. Fuentes de Agricultura rechazaron las críticas de Miguens, que consideraron “ideológicas”. “Hace 30 años que dicen lo mismo y no entienden los cambios que se produjeron en el campo en este período”, destacó un funcionario a Página/12, quien recordó que la anunciada baja de la oferta de hacienda al finalizar el invierno, vaticinio que ayer Miguens repitió para los próximos meses, “hasta ahora no se produjo ni se va a producir”. La fuente explicó que ello se debe a que “hoy 4 millones de cabezas se producen en feed-lots y hubo mejoras genéticas y de eficiencia”, describió.
El sector cárnico atraviesa una de la expansiones más importante de su historia. Luego de que sus exportaciones permanecieran estancadas durante más de un cuarto de siglo hasta 2003, con ventas promedio de entre 300 y 350 mil toneladas, este año se exportarán cerca de 800 mil toneladas por más de 1200 millones de dólares. Algunas de las razones, reseñadas por el propio sector, fueron la aparición del mal de la vaca loca en Estados Unidos, lo que permitió la apertura de nuevos mercados para Argentina, la recuperación del status sanitario tras la crisis de aftosa, el tipo de cambio competitivo y la demanda sostenida en el mercado mundial. El proceso fue necesariamente acompañado por el aumento de la producción ganadera en los campos, pero al parecer, para un sector de los terratenientes locales, ninguna mejora alcanza.