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En un derroche de optimismo, Alberto Fernández aseguró ayer que no faltan interesados locales ni extranjeros para reemplazar a los accionistas de Aguas Argentinas, aunque admitiendo que aún no hay ningún nombre puesto para ello. Los dichos del jefe de Gabinete dan marco a la proliferación de rumores acerca de los eventuales reemplazantes de Suez y sus socios, como los que ayer corrieron en un evento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el que se identificó a firmas chilenas y colombianas como potenciales sustitutas. Las claves para seducir a cualquier reemplazante son, obviamente, las condiciones para concretar ese eventual reemplazo.
Fernández ayer dio alguna pista.“En adelante” el Gobierno debe “garantizar” que la “operación de aguas no se limite sólo a generar buenos mecanismos de distribución, sino también a garantizar el tratamiento de aguas servidas e instalación de redes cloacales, que ha sido el déficit de esta gestión”. A la luz de lo que efectivamente ocurrió con la esta privatización iniciada en 1993, la pretensión del jefe de Gabinete es casi obvia.
En función de ese objetivo global, el Gobierno debería luego precisar otras cuestiones fundamentales, como tarifa y ajustes futuros; quién asume y en qué proporción el actual pasivo de Aguas o cuál será la “remuneración del operador”, habida cuenta de que el formato legal más factible para reprivatizar el servicio será el de un contrato de gerenciamiento, por el cual el privado opera y mantiene la red, delegando la expansión en el Estado. En este esquema –y tal como se había empezado a expresar en los borradores de cartas de entendimiento discutidas entre el Gobierno y la empresa– al grupo privado le corresponde también una remuneración.
“No descarto nada”, sentenció Fernández, en alusión a la posibilidad de que el Estado deba reasumir la prestación, aunque sea provisoriamente. En el terreno de las especulaciones tampoco podría descartarse que Aguas buscara una salida similar a la que encontró la dupla Macri-Banco de Galicia (también accionista de Aguas) para ir apartándose de la operación del Correo.
Esa sociedad se declaró en convocatoria de acreedores, y su abultado pasivo –en gran medida contraído con el Estado, por la obligación de pagar el canon– tuvo que renegociarse en tribunales. En el caso de Aguas, un posible concurso reviste la dificultad adicional de que entre sus acreedores figuran entidades internaciononales, incluida una de sus socias, la Corporación Financiera Internacional.
“Vamos a ser estrictos y aplicaremos a rajatabla el contrato”, sentenció ayer Julio De Vido, en alusión a la intención de hacer valer una cláusula del contrato en la que se prevé la permanencia del operador actual al menos un año frente a la empresa. Esta visión, sin embargo, contrasta con la que sostiene la propia empresa, cuyos técnicos relativizan esa obligación que surge de un contrato que insisten en dar por caído y, según se presume en la casa Rosada, acompañando esa retirada con alguna demanda indemnizatoria.
El ministro de Planificación ayer advirtió que el Gobierno está preparando la estrategia legal para enfrentar esa eventualidad. No faltó a la verdad. El jueves por la mañana, Osvaldo Guglielmino, procurador general del Tesoro, estuvo más de tres horas reunido en Presidencia, abocado al análisis de ese posible curso de acción.
Sin dudas, el contrato está efectivamente vigente desde el primer día de enero, cuando expiró la vigencia del acta-acuerdo provisoria que el Gobierno y la empresa habían firmado el año pasado. A raíz de eso, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) despachó una serie de intimaciones exigiendo el pago de las multas suspendidas por aquel documento, más las que se generaron por las faltas actuales: entre unas y las otras, el pasivo de la empresa estaría aumentando en alrededor de 40 millones de pesos.
Finalmente, el Gobierno mostró una coincidencia con la aspiración de José Luis Lingeri, director de Aguas por el programa de propiedad participada, quien reclama un veedor estatal para el traspaso. Según comentó ayer Fernández, se designará un representante del Estado para que dirija la transición hacia un nuevo modelo de concesión, cuyos diseño definitivo y protagonistas aún son una incógnita.