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El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), José Luis Soria, fue removido ayer de su cargo y lo propio ocurrirá el martes con la subdirectora, Amalia Toro. El descabezamiento podría afectar a casi la totalidad de la cúpula del SPF. Fuentes cercanas a los desplazados dicen que los número uno y dos del Servicio habrían sido destituidos porque, al declarar esta semana en una causa que instruye el juez Claudio Bonadío, presentaron documentación según la cual advirtieron hace meses sobre el estado de las cárceles a los funcionarios políticos del ministerio, por lo que pidieron que se los llame a declarar. Desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Alberto Iribarne, se sostiene que esa versión es falsa y que está armada por los penitenciarios para ubicarse como víctimas. La realidad, aseguran en el Ministerio, es que la renovación ya estaba planeada y que sólo se procedió a aceptar las renuncias que se presentaron hace algunas semanas. El nuevo titular del SPF será el prefecto Alberto Sosa, actualmente en situación de retiro, y asesor del ministro Iribarne.
La remoción de la cúpula del SPF se hizo pública ayer al anochecer y provocó un cruce de versiones y razones entre los desplazados y su entorno, por un lado, y los funcionarios del Ministerio de Justicia, por el otro. Es más, los penitenciarios –“los candados”, como se los llama– juran venganza, aunque admiten que fueron derrotados en esta pulseada. Como se sabe, entre los jefes penitenciarios y los presos más pesados siempre hubo una relación muy estrecha, por lo que anoche se hizo correr la versión de que “esto no va a quedar así”.
En el medio de las versiones aparece la causa judicial que instruye Bonadío y que tiene que ver con el estado de las cárceles federales, especialmente en Villa Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. En forma sorpresiva, el magistrado llamó a declarar a dos ex ministros, Gustavo Beliz y Héctor Rosatti, y a funcionarios de segunda y tercera línea de aquellas gestiones, aunque a pocos de la actual. Una interpretación es que Bonadío, cuyo juicio político está en marcha, quiso demostrar que así como convoca –y tal vez procese– a ex ministros puede hacerlo con funcionarios actuales.
Esta semana concurrieron a declarar los dos integrantes desplazados de la cúpula del SPF, Soria y Toro, y la versión que se hizo correr es que presentaron documentación en la que señalaban que ellos habían advertido a los funcionarios políticos de la situación en las prisiones. Con ello, intentaron deslindar responsabilidades y pasársela a los políticos. Según dicen los penitenciarios, Soria incluso pidió que se llamara a declarar a funcionarios de la actual gestión. Desde esa óptica, sostienen que los desplazamientos de ayer son una especie de revancha por lo declarado por los jefes penitenciarios ante el juez.
Desde el ministerio, en cambio, se dice que esa versión no tiene fundamento. “La renovación estaba prevista desde el día que asumió el ministro Iribarne y ayer lo único que se hizo fue aceptar las renuncias. Nada más”, sostuvo una fuente ministerial. En la cartera de Justicia se considera que el recambio era imprescindible porque se perciben serios déficit en los penales, que ya fueron denunciados por organizaciones de derechos humanos. Maniobras con alimentos, superpoblación en varias unidades, falta de agua y problemas serios en la atención sanitaria son algunas de las deficiencias reveladas.