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El gobierno uruguayo anunció ayer una profunda reforma impositiva que tendrá fuerte impacto en la Argentina: entre las medidas más resonantes figura la prohibición a crear sociedades off shore. También se las conoce como “Safis”. Al hacer el anuncio, el ministro de Economía del país vecino, Danilo Astori, reconoció que “en muchos casos fueron empleadas con fines espurios”. Y añadió que ese tipo de sociedades fueron “un refugio a la inversión no productiva; financiera”.
Las “Safis” (Sociedad Anónima Financiera de Inversión) existen desde hace 57 años y fueron creadas en el marco de la expansión de las multinacionales. Con el paso del tiempo se convirtieron en el instrumento perfecto para eludir y evadir impuestos y para el ocultamiento de patrimonios.
De acuerdo con las estimaciones de la AFIP, en Uruguay existen alrededor de 15 mil inmuebles de alto valor que figuran a nombre de sociedades uruguayas. Sus propietarios eluden así el pago de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.
En su última visita al Congreso, Alberto Abad, titular de la AFIP, reconoció que Uruguay es una base para la elusión y evasión impositiva por parte de los argentinos. “No es exactamente un paraíso fiscal pero tiene un sistema impositivo que habilita la mala conducta de los contribuyentes argentinos”, señaló a este diario una fuente del organismo.
Para los evasores, la ventaja de las empresas fantasma es que permiten encubrir a los verdaderos propietarios de esos activos e impiden el rastreo de los fondos. Es por ese motivo, también, que están bajo la lupa de los organismos que se dedican al combate del lavado de dinero. Se sabe que a través de las off shore circula buena parte de los flujos financieros internacionales. Lo cierto es que aquello que comenzó para obtener ciertas ventajas impositivas se transformó en un complejísimo sistema que posibilita numerosos negocios financieros.
No bien asumió, la administración Kirchner reclamó que Uruguay haga pública la base de datos para identificar a los inversores argentinos. Pero ese pedido fue negado por las autoridades del vecino país. Lo hizo incluso el gobierno de Tabaré Vázquez. La Argentina reclama un acuerdo de cooperación fiscal, tal cual ya se rubricó con otros países, como Brasil y España. Uruguay se resiste alegando la existencia del secreto bancario.
El anuncio de ayer de Astori sorprendió y causó satisfacción entre los funcionarios argentinos. Es cierto que Uruguay no publicará, al menos por ahora, los nombres de los argentinos que poseen una “Safi”. Pero en el Gobierno analizaban como muy positivo que se haya cortado ese circuito de evasión impositiva y ocultamiento patrimonial.
En la Capital Federal ya se había prohibido la creación de off shore. Lo hizo la Inspección General de Justicia, en una medida que fue consecuencia de la tragedia de Cromañón. El boliche de Once estaba a nombre de una empresa uruguaya de fantasía. La prohibición no fue un impedimento ciento por ciento eficaz, ya que la oferta para constituir nuevas empresas fantasma en el país vecino continuaron publicándose en los diarios especializados en economía. Incluso se ofrecía hacerlo desde otras jurisdicciones que no fuera la Capital. La medida que ahora impulsa Astori podría convertirse en el final definitivo de las off shore.
En la conferencia de prensa de ayer, el ministro uruguayo dijo que ya tiene un “borrador” con la reforma tributaria que presentará al Congreso. Además de la imposibilidad de formar nuevas “Safis”, el gobierno quiere bajar el IVA y eliminar alrededor de 15 impuestos. También se propuso un incremento en Ganancias y gravar la renta financiera, un rubro que continúa exento en la Argentina.