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La Argentina puede estar a cinco semanas de que se decida su suerte. De saber, básicamente, si sus esfuerzos por evitar la hiperinflación se estrellarán o, por el contrario, cuajarán. A mediados de julio el país enfrenta vencimientos por unos 1700 millones de dólares con el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cerca de Economía existe la convicción de que Roberto Lavagna no va a pagarlos con dólares de las reservas: eso equivaldría a azuzar a quienes huyen del peso y están profundizando su devaluación. Por tanto, para no extender la cesación de pagos a las acreencias de los organismos multilaterales, el ministro necesita tener firmado para entonces el acuerdo con el FMI. Concordantemente, anteayer el ministro corrió hasta mediados de julio el plazo definitivo para acordar con el organismo que conduce Horst Köhler. Más que como un pronóstico, la predicción de Lavagna debe verse como la precisión del plazo que le queda para escapar del naufragio, o al menos aplazarlo. Sin embargo, la complejidad del decreto 905 con su Plan Bonos, y las discrepancias con el Banco Central y los bancos comerciales, que obligaron a postergar de nuevo la redacción de las normas reglamentarias, atentan contra la posibilidad de consensuar a tiempo un programa de políticas y metas con el Fondo porque persistirá por semanas la indefinición acerca del estado en que quedarán el sistema bancario y la liquidez.
Lavagna descartó la conversión forzosa y generalizada en nuevos Bónex de los reprogramados porque quiere que al menos parte de la plata cautiva en el corralón sirva para cancelar pasivos y para insuflar demanda de bienes, y además porque semejante esquema no lograría la aprobación del Congreso ni de la Corte Suprema. Si esto último es así, demostraría que en la Argentina sigue siendo imposible alcanzar un consenso amplio entre los estamentos del poder político. De esta manera, para quienes creen que, a su vez, el esquema voluntario preferido por Economía y respaldado por Presidencia sólo posterga la resolución del problema, la conclusión es desalentadora: no hay salida posible porque no hay poder ni unidad para imponerla.
Según Jorge Sarghini, secretario de Hacienda, el Fondo le acordaría a la Argentina unos 9000 millones de dólares para que pueda afrontar sus vencimientos con los organismos multilaterales, y además un crédito superior a mil millones de dólares para cubrir el déficit de las provincias que hayan firmado el pacto de ajuste fiscal con la Nación. Contra ese financiamiento, las provincias deberán abstenerse de emitir nuevos bonos-moneda, pero –según Sarghini– falta definir cómo se rescatarán los 6000 millones de pesos en bonos ya circulantes, incluidas las Lecop, que son nacionales.
Para los críticos de la opción elegida por Lavagna, la voluntariedad de los bonos que serán ofrecidos a los titulares de plazos fijos reprogramados, y además la posibilidad de aplicar esos títulos a la compra de diversos bienes y activos, según modalidades aún por definir, mantendrán la incertidumbre sobre dos parámetros clave. Uno, en qué proporción quedará eliminado el llamado corralón con la transformación de los originarios certificados de plazo fijo en bonos no bancarios. Dos, cuánto dinero acabará bajando, vía compra de bienes, a cuentas a la vista, hinchando el corralito y su drenaje.
Mientras perdure esta indefinición, siendo el único dato cierto la vocación de fuga de los depositantes y de los tenedores de pesos, la aspiración del FMI a que la Argentina contenga el dólar a través de un ancla monetaria, y no vendiendo reservas, no podrá bajarse al papel con números concretos. El caso es que faltan datos para saber cuántos pesos deberá seguir entregando el BCRA a los bancos –ya en plena vigencia el Plan Bono– para transfundirles el dinero neto que se llevan los depositantes (2 a 3 por ciento del total de depósitos cada mes) a travésde los retiros autorizados, el vaciamiento de las cuentas salario y los amparos concedidos a pesar de la ley antigoteo.
Sin embargo, un hipotético Plan Bónex que a su vez diera chances de anclar monetariamente el dólar al no alimentar de pesos su demanda, reduciendo el problema a neutralizar el corralito (cuentas a la vista), sería notablemente recesivo: no sólo frenaría la demanda de dólares, sino también la de bienes. En este caso, además de los problemas sociales y políticos, también se complicaría el ajuste fiscal por una menor recaudación, especialmente si la contención del dólar desacelerara el aumento de precios y así quitase base al impuesto inflacionario. En cambio, si por la vía que eligió Lavagna las variables se movieran como en los últimos meses, la demanda seguiría cayendo por la licuación de todos los ingresos fijos. Lo más difícil en este mapa es encontrar algún camino virtuoso.
El propio presidente Duhalde rodeó ayer de dudas el plazo en que se firmará con el Fondo. En su programa sabatino por Radio Nacional reconoció haberse sorprendido por las nuevas exigencias planteadas por el FMI, que parece estar siempre corriendo la raya. El jefe del Gobierno dijo que consideraba que, “cumplidos los prerrequisitos, se abrían las negociaciones por una ayuda financiera”. Sin embargo, ahora aparecen nuevos obstáculos, como la exigencia de que Duhalde vete la inclusión en el Código Penal de figuras delictivas creadas por la abolida ley de Subversión Económica. Con alguna confusión en los términos, el primer mandatario provisional afirmó que “no hay ninguna posibilidad” de un veto total a la ley de Subversión Económica, “como se nos sugiere”. En verdad, la sugerencia no es ésa sino la arriba explicada.
En todo caso, Duhalde consideró que “no hay que seguir haciendo adivinanzas” sobre la fecha en que se acordará con el FMI. ¿Se habrá referido al nuevo pronóstico de su ministro de Economía? Por otra parte, el Presidente concedió que “nadie cree que (el acuerdo con el Fondo) va a ser la panacea”, a pesar de que él mismo distinguió a ese acuerdo como uno de los dos principales objetivos de su gestión. El otro es restablecer el sistema financiero.
En más de cinco meses de gestión, el bonaerense no ha logrado siquiera acercarse claramente a ninguna de esas dos metas. Mientras tanto, el dólar se le fue hasta cerca de los 4 pesos, perdiendo en el camino casi un tercio de las reservas. Los precios subieron –de acuerdo a la medición oficial– entre 26 (minoristas) y 81 por ciento (mayoristas) y la reactivación sigue ausente, salvo en sectores específicos. Según sus manifestaciones de ayer, rubricar un programa con el Fondo es clave, pero no será la panacea ni se sabe cuándo ocurrirá.