Mientras las mayores petroleras que operan en la región estudian si se mantienen o se retiran después de la nacionalización dispuesta en Bolivia, el gobierno de Evo Morales dio ayer otro paso en la ejecución del plan de recuperación para el Estado del manejo de los recursos hidrocarburíferos. Esta vez les apuntó a las administradoras de fondos de pensión, a las que les ordenó transferir de forma inmediata y “a título gratuito” la titularidad de las acciones que poseen capitalizadas en las petroleras Andina, Transredes y Chaco, en favor de la estatal YPFB. “Hemos dialogado varias horas, varios meses, y hemos encontrado colaboración de unas (pero también), resistencia verbal y exceso verbal de alguno de los representantes de los fondos de pensiones”, dijo el vicepresidente, Alvaro García Linera, al anunciar la medida. El ministro de Planificación Federal argentino, Julio De Vido, viaja entretanto a La Paz para entrevistarse con su par, Andrés Soliz Rada, buscando un acuerdo para el aprovisionamiento de gas en el año 2007.

El banco español BBVA y la aseguradora Zurich son las principales administradoras de fondos de pensión en Bolivia. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las empresas gestoras sobre la forma de transferencia de las acciones, el Ejecutivo de La Paz ha tenido que tomar esta decisión, señaló el funcionario al anticipar la eventual intervención. “Para que haya seguridad jurídica es necesario que haya seguridad social”, se atajó Evo Morales desde Francia.

En tanto, el presidente del grupo petrolero francés Total, Thierry Desmarest, consideró posible que la empresa continúe operando en el país andino, pero “no lo hará a cualquier condición”, según dijo en una entrevista con el diario económico Les Echos. Total tiene una participación del 15 por ciento en los yacimientos de San Antonio y San Alberto, operados por Petrobras, que fueron los elegidos por Evo Morales el 1º de mayo para hacer desde sus instalaciones el anuncio de nacionalización.

Bolivia no es la única preocupación de Total en la región. “Esperamos igualmente que las cosas se esclarezcan en Venezuela, donde se cambiaron las reglas del juego en más de una ocasión y de forma bastante brutal. Esperamos que la razón prevalezca tanto en un caso como en el otro”, añadió el responsable de Total.

Al mismo tiempo que se publicaban estas declaraciones, Evo Morales hablaba en Estrasburgo, Francia, ante el EuroParlamento. En ese ámbito subrayó que la decisión de exigir a BBVA y al grupo suizo Zurich la entrega de las acciones que administran en las empresas petroleras nacionalizadas no supone una expropiación, sino un cambio de gestión. Esos fondos, dijo, que hasta ahora eran administrados por empresas privadas, ahora lo serán por una empresa del Estado. “No se afecta, no se quita a nadie, no se expropia a nadie”, repitió el mandatario boliviano. Evo recordó que esos fondos de pensión se crearon con las “mal llamadas normas de capitalización, que finalmente han sido de descapitalización”. Subrayó que esos fondos “son del Estado boliviano, son del pueblo boliviano”, y que tanto BBVA como Zurich utilizaron los aportes de los trabajadores para constituirlos. “No ha habido inversión fresca, con fondos frescos.”

A su vez, el director general de Shell, Jeroen van der Veer, buscó diferenciarse al ser entrevistado por Financial Times. “Mientras más aumentan los precios del petróleo y el gas, (los gobiernos) más piensan en términos nacionales: es una realidad nueva”, declaró, agregando que “al final de cuentas, los gobiernos son siempre los patrones”. Consideró “contraproducente” recurrir a los tribunales para enfrentar las decisiones de los gobiernos y, al ser consultado sobre qué piensa de los que siguen esa vía de reclamo, se limitó a desearles “buena suerte”.

La medida dispuesta por Bolivia también tuvo ayer eco en España y Brasil. De fuentes del gobierno de Rodríguez Zapatero trascendió que representantes de los dos gobiernos se encontrarán en los próximos días para analizar la situación de Repsol-YPF en la nación andina. En Brasil, en tanto, representantes de Petrobras advirtieron que no aceptarán un aumento en el precio del gas, mientras que el titular de YPFB anunciaba desde La Paz que el gobierno de Morales asumiría el control del ciento por ciento de Petrobras Bolivia Refinación, pero “en forma paulatina”.

El decreto que ayer firmó en La Paz el vice García Linera –en ejercicio de la presidencia por el viaje de Evo Morales a Europa– obliga a los fondos de pensión “a transferir la titularidad de las acciones a YPFB inmediatamente después de realizada la reversión, en un plazo no mayor a un día hábil administrativo”. Con la norma presentada ayer, las AFP deberán entregar al Estado las acciones que manejan en las petroleras Andina, filial de la hispanoargentina Repsol-YPF; Transredes, de la estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell, y Chaco, del grupo británico British Petroleum. Estas compañías surgieron del desmembramiento de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que ahora recuperará su rol ejecutivo al recibir las acciones administradas por las AFP. García Linera advirtió que “habrá intervención a estos fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro”.