Caza de brujas, así se denomina la estructuración de la modalidad de poder que encuentra su fundamento en la persecución al diferente. La caza de brujas estigmatiza a las personas por lo que presuntamente son, no por sus responsabilidades según sus actos. Implica también marcar a alguien por su pasado, ignorando su devenir posterior y su presente. La “caza de brujas”, entonces, remite al despojamiento de los derechos de sus destinatarios. Se tiene derecho a habitar un territorio, estudiar o trabajar. Se tiene derecho a postularse como candidato a un cargo legislativo. Por ejemplo, Patti ejerció su derecho a ser elegido como parlamentario. Cuando se lo cuestiona como diputado, no se le niegan sus derechos a postularse, pero sí a ser designado, debido a la naturaleza singular del crimen contra la humanidad, que desgarra cualquier trama normativa. El cuestionamiento podría haberse extendido por lo tanto también al derecho a postularse. El candidato a rector de la Universidad de Buenos Aires no es Patti. Sin embargo, aunque el derecho a postularse para rector de la UBA tiene vigencia, no hay obligación de admitir a determinado candidato por sobre ciertas condiciones morales que problematizan los tiempos posdictatoriales.

La discordia surge cuando el número adopta una elección objetable moralmente por una minoría. Se plantea uno de los límites de la democracia representativa, que no son pocos. Si la mayoría no aprecia el juicio moral de la minoría se produce un conflicto que no tiene necesariamente solución apelando a las normas. Requiere otras vías de diálogo o de confrontación, en la medida en que una minoría presenta su convicción moral ante el derecho formal de las mayorías. No admitir la posibilidad de un diferendo de esta naturaleza implica en última instancia una renuncia a luchar por la democracia en situaciones límite.

En el caso del rectorado de la UBA, lo que se impugna es un candidato tan mediocre desde el punto de vista de una ética civil posdictatorial. No se lo cuestiona como decano de su facultad (aunque en el transcurso del conflicto se llegó también a eso). Es cierto que resulta difícil establecer el límite de lo exigible moralmente a las generaciones que convivimos con el horror. En todo caso habría que discutir ese límite. Claro que no se trata de categorizar sólo a los perpetradores, a quienes hicieron el trabajo sucio, porque si pudieron hacerlo fue por complicidades y concurrencias sin las cuales el horror no hubiera podido tener lugar. Claro que no podríamos imaginar un dispositivo de pureza moral que determinara las inocencias y culpabilidades de aquellas generaciones.

Sin embargo, hay responsabilidades, y haber participado tanto en el Estado como fuera de él en un sinnúmero de posiciones y actitudes supone la posibilidad y la necesidad latente de que se presenten los respectivos reclamos. Una condición esencial para evitar la “caza de brujas”, riesgo cierto de una discusión semejante, es eludir el pasado como única referencia de la calificación ético-política de candidatos para funciones o tareas de gran responsabilidad civil. Ya que es el conjunto de una trayectoria lo que se debe considerar. No es lo que hizo o dejó de hacer el candidato en la dictadura lo único que importa, ni tan siquiera lo que hizo o dejó de hacer en las décadas siguientes, sino también el modo en que responde a las demandas por su pasado: eso es lo insatisfactorio que fue deteriorando aún más su posición, porque respondió con argumentos formales y leguleyos, rehusó la discusión de fondo, tanto sobre la dictadura como sobre su talante político universitario clientelar y viscoso. Se tornó indefendible por esas razones y no sólo por su pasado en la dictadura.

Los argumentos que organizan taxonomías y paralelismos son falaces y triviales por dos razones: otros que han atravesado eventualmente un pasado similar superaron y desmintieron más que de sobra cualquier mácula con su sola trayectoria. Es el caso de algunos ejemplos que se suelen dar con lo que a fin de cuentas redunda en mala fe. Se señalan figuras políticas intachables –en este sentido–, de líderes republicanos o demócratas que no ameritan ponerse en tela de juicio. Es al contrario: algunos de quienes profieren sus nombres no aprecian sus trayectorias posteriores, y se solazan en señalar como contradicciones circunstancias biográficas que en esas personas terminan siendo accidentales.

El tema aquí es que todos aquellos que fuimos adultos en la dictadura tenemos frente a nosotros un interrogante sobre nuestros comportamientos contemporáneos a la dictadura y a la posdictadura. Cada uno de nosotros enfrenta esa pregunta y se encuentra en condiciones de dar testimonio de su circunstancia ética. No aparecen estas preocupaciones en el discurso del candidato, mientras otros que son comparados con él ocupan la vanguardia en las respuestas a tales cuestiones lacerantes.

Si de defender la formalidad o los tiempos institucionales se trata, sea, pero no se menoscabe por ello una cuestión de fondo tan sensible y delicada, ni aun por la defensa oportunista y torpe que algunos de sus impulsores ejercen. Se trata de poner en tela de juicio la candidatura a un cargo, el del rector de la UBA, que por convención, costumbre o tradición se inviste de un aura y un simbolismo hacia los cuales no ofrece hospitalidad la figura de Alterini.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).