“Todavía no tenemos un control pleno de la frontera y estoy decidido a resolverlo.” Este fue el mensaje central del discurso de anoche del presidente George Bush. Desde la Oficina Oval, el mandatario anunció el envío de seis mil oficiales de la Guardia Nacional, para complementar el trabajo de 12 mil agentes de la Patrulla Fronteriza en las áreas de entrenamiento, vigilancia e inteligencia –destacando que “no harán tareas policiales”–. En total, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza costará unos 1900 millones de dólares y se espera que haga más aceptable, para los republicanos duros y los congresistas “rebeldes”, la aprobación de una reforma de inmigración “amplia”. En el mismo día que el Senado comenzó a tratar el tema, Bush fue concesivo con la derecha negando la amnistía general, pero no llegó al punto de las deportaciones masivas. Y llamó a combinar un refuerzo de la frontera con un proceso para legalizar a los 12 millones de inmigrantes que viven en el país.

Bush reconoció que del otro lado de la frontera hay millones de personas que “harán todo lo que puedan para venir a Estados Unidos a trabajar y a encontrar una mejor vida”. Y reconoció: “Esto crea una enorme presión sobre nuestra frontera que los muros y las patrullas no pueden detener. Para asegurar la frontera de manera efectiva debemos reducir el número de gente que trata de cruzar furtivamente”, refiriéndose a su propuesta de un programa de trabajo temporal, que estaría incluido dentro de la reforma inmigratoria. Bush previó que para 2008 habrá seis mil efectivos más en la Patrulla Fronteriza, permitiendo una reducción de la Guardia Nacional.

Actualmente, esta fuerza está desbordada con 10.400 agentes al sur –los 3200 kilómetros de frontera con México y la zona de la península de Florida– y unos mil a Canadá. A pesar de que la Patrulla realizó seis millones de detenciones en los últimos cinco años y que los recursos destinados aumentaron en un 66 por ciento desde que asumió Bush, cada año logran entrar en Estados Unidos cientos de miles de personas.

Las unidades de la Guardia forman parte del ejército, y los gobernadores tiene autoridad constitucional para desplegarlas en caso de revueltas, amenazas o catástrofes, como fue el caso del huracán Katrina el año pasado. Cuenta con 400 mil efectivos, pero su margen de maniobra está comprometido por el despliegue en Irak, en donde realizan labores de infraestructura, seguridad y apoyo a las unidades de combate. Ya hay 350 efectivos de la Guardia Nacional en Arizona y Nuevo México, y ahora se incluirá a Texas y California. Los soldados seguirán dependiendo de los gobernadores, pero el gobierno federal financiará la operación. Para ello, Bush reiteró varias veces un pedido a las dos Cámaras: la aprobación de fondos para conseguir “mejoras sustanciales en la fuerza humana y en los sistemas tecnológicos en la frontera”. Además abogó por un nuevo sistema de documentación y elegibilidad, para evitar la contratación de ilegales. Bush aseguró que los soldados no suplantarán a la Patrulla, sino que se ocuparán de las “comunicaciones, la vigilancia y el transporte”. Por ello, el presidente sostuvo que “no está militarizando la frontera sur”. Una de las críticas al plan es que la Guardia Nacional no está como para muchos lujos. “Tenemos soldados de la Guardia en su segundo, tercer y cuarto reenganche en Irak, estamos forzando nuestra capacidad militar... ¿Cómo es posible que estemos hablando de enviarlos a proteger una frontera? Ese no es su papel”, criticó el senador republicano Chuck Hagel. Bill Frist, líder de la mayoría en el Senado, salió a defender la propuesta: “Tenemos que asegurar las fronteras, sea como sea”, dijo a la CNN. “Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha fracasado, tenemos que admitirlo. Y por eso necesitamos a la Guardia Nacional.” Pero la decisión de la Casa Blanca no hay que verla tanto en clave de seguridad como política. El líder de minoría demócrata, Harry Reid, ha dicho que es “una buena idea”, aunque es “sospechoso” el momento elegido para anunciarla. De sospechoso no tiene nada: es evidente que el objetivo de Bush es facilitar la aprobación de la reforma migratoria sin que, en un momento político muy delicado y con elecciones legislativas en noviembre, el partido se fragmente aún más. Tras el acuerdo bipartidista de la semana pasada, el Senado debería aprobar en los próximos días un proyecto de ley que contempla la legalización, mediante permisos temporales y otras medidas, de buena parte de los 12 millones de indocumentados; ese proyecto tendrá luego que conciliarse con el de la Cámara, que prevé la construcción de un muro y que criminaliza a los sin papeles y a los empresarios que les dan trabajo. El mensaje de Bush fue que afrontar el problema de los 12 millones de ilegales no equivale a bajar la guardia en la frontera y que la ley del Senado no será una amnistía encubierta.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.