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El Gobierno prepara un decreto que resucitará la indexación para la obra pública y privada, permitiendo que muchos contratos en ejecución y los que celebren en un futuro “readecuen” sus valores según cómo evolucionen los costos. Este permiso para reinstaurar los ajustes gatillo, suspendidos durante la vigencia de la Convertibilidad, encarecerá muchas obras a cargo del Estado que, presumiblemente, tendría que acudir a la emisión para afrontar esos mayores costos. Pero la prioridad oficial es resucitar un sector con efecto multiplicador, y por ello Economía está empeñada en encontrar bálsamos para los constructores: las AFJP invertirían hasta el 30 por ciento de sus carteras en la construcción de viviendas, lo que, en el mejor de los casos, significaría destinar más de 600 millones anuales a ese fin.
La inminente norma indexatoria fue el resultado de reiteradas gestiones de los constructores ante Economía y, básicamente, producto de la presión que las empresas ejercieron, paralizando muchas obras en ejecución bajo el argumento de que era imposible afrontar el encarecimiento de sus insumos si ese ajuste no podía trasladarse al precio final. Según explicaron los empresarios, fue como una especie de golpe de gracia para uno de los sectores más dinámicos pero que más cayó con la recesión.
Actualmente, el único insumo congelado es el costo de la mano de obra. Pero el resto sufrió ajustes diferenciados que, en muchos casos, duplicaron los valores respecto a enero: alrededor del 100 por ciento el cemento, un porcentaje similar el gasoil, 120 por ciento el hierro. Roberto Lavagna admite esta realidad tanto como el efecto multiplicador que tendría resucitar la actividad y por esto decidió avanzar con un decreto que permitirá la “reliquidación” de los costos finales de los emprendimientos.
La fórmula a plasmar en un inminente decreto permitirá que cada ítem que integra el costo de un obra pueda ir ajustándose según los índices oficiales y respetando la ponderación que cada uno de ellos tenga en la cotización total. De acuerdo a la composición de sus insumos, las obras que sufrirían un impacto mayor son las viales, justamente las que contrató Obras Públicas a través de Vialidad Nacional y que están, en gran medida, paralizadas desde que se desató la inflación.
A decir del constructor Gregorio Chodos, los ajustes a aplicar desde el 1º de julio no tendrían un efecto retroactivo pero sí se aplicarían de lleno a aquellos emprendimientos que se reanuden luego de un período de suspensión y, naturalmente, el nuevo criterio regirá para las nuevas. Pero hasta que Eduardo Duhalde no estampe su firma, la retroactividad será materia de discusión, ya que ayer algunos constructores consideraban que sí habría un resarcimiento para quienes afrontaron insumos más caros en estos últimos meses.
El recálculo de la cotización se hará sobre el 90 por ciento del precio, ya que el 10 restante corresponde a la utilidad del contrato y algunos otros gastos menores que, según subrayan los constructores, no podrían ajustarse. La norma tendrá carácter nacional, pero se supone que servirá como pauta para las contrataciones privadas y para las provincias, muchas de las cuales ya están aplicando este mecanismo con sus propios contratos.
El paraguas de ajuste por más costos es la primera condición para rescatar al sector. Pero los constructores también exigen planes concretos de obra pública o estímulos oficiales para los emprendimientos privados, con éxito relativo hasta el momento. El más concreto es el compromiso de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones para invertir en nuevas construcciones una porción de sus carteras.
Hace casi un año los constructores embistieron con una iniciativa que apuntaba a captar recursos de las AFJP que, según su norma constitutiva, pueden emplear hasta el 30 por ciento de sus carteras a este fin, lo que significa alrededor de 54 millones mensuales. La idea tuvo ahora el visto bueno tanto de la superintendencia de administradoras como de las propiasempresas, con cierta disponibilidad luego de que los títulos públicos dejaran de ser alternativa de inversión.
Según el esquema previsto se constituirían fideicomisos para la construcción de viviendas en los cuales las AFJP aportarían los fondos a canalizar a través de los bancos. Es una de las tres nuevas apuestas que las administradoras discuten con el gobierno, junto al factoring (compraventa de facturas de pymes) y planes de financiación de exportaciones. Los constructores aspiran a algo más ambicioso, pero saben que en este momento cualquier iniciativa pública está sujeta al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, entre otras cosas, deberá dar el visto bueno al programa monetario.
De cuánto pueda emitir el Estado depende, finalmente, la posibilidad de licitar nuevas obras aunque la recaudación se caiga a pedazos, de ajustar los precios de las que están en ejecución y el éxito de la propuesta que permite invertir en nuevas construcciones los bonos públicos que suscriban los ahorristas con depósitos reprogramados.