La actualización de los haberes jubilatorios ordenada por la Corte Suprema el martes pasado podría llegar a tener un costo fiscal de 22.500 millones de pesos, monto equivalente al superávit primario proyectado para este año. Esa es la cifra que debería pagar el Estado en caso de que el Congreso decidiera recompensar a los jubilados y pensionados por la pérdida del poder de compra de sus ingresos desde la devaluación hasta fines de 2006. El cálculo, elaborado por la consultora Ecolatina, toma en cuenta la inflación acumulada, pero no considera el costo de los aguinaldos ni las pensiones no contributivas. A su vez, para evitar que la deuda continúe incrementándose, se debería contemplar una partida adicional anual en el presupuesto 2007 de 4000 millones de pesos, que equivale a medio punto del PBI y casi 17 por ciento del superávit primario esperado para 2007. En el Gobierno descartan llevar adelante una actualización en base a la inflación. No obstante, las alternativas más conservadoras también generarán un fuerte impacto sobre las cuentas públicas.

Un segundo escenario supone que la recomposición de los ingresos jubilatorios se realice de acuerdo con la evolución del índice general del nivel de salarios (CVS). En este caso, los recursos fiscales necesarios para saldar la deuda acumulada desde 2002 serían de 9466 millones de pesos. Vale aclarar que tanto esta simulación como la que contempla un mecanismo de actualización en base a la inflación sólo contabiliza el período 2002-2006, mientras que el fallo de la Corte retrotrae el ajuste a 1995.

Para Ecolatina, la opción más viable para enfrentar el ajuste retroactivo es la consolidación de la deuda mediante la emisión de títulos públicos. Esa alternativa tiene como antecedente el reconocimiento de pasivos previsionales realizado en 1991 por 7000 millones de dólares que fueron cancelados con una combinación de bonos y dinero en efectivo. “Esta opción permitiría adecuar los cronogramas de cancelaciones de deuda a la real capacidad de pago del Estado nacional sin poner en riesgo la solvencia de las cuentas públicas”, se destaca en el informe.

Con respecto al impacto sobre los presupuestos futuros, la consultora fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna sostiene que el proceso deberá manejarse con la “suficiente cautela como para evitar un deterioro significativo en el superávit primario”. En el Gobierno coinciden con esta visión y, tal como adelantó Página/12 ayer, estarían evaluando crear un índice de movilidad de las jubilaciones atado al aumento de los ingresos de la seguridad social. Esa opción, similar al mecanismo de actualización que rigió entre 1993 y 1995, es cuestionada por la oposición pues dejaría la suerte de los jubilados atada a la recaudación.

Sin embargo, detrás del debate sobre el mecanismo de actualización se esconde un problema de fondo vinculado al histórico desfinanciamiento del sistema previsional. Desde 1994 el déficit promedio fue de 5800 millones de pesos anuales debido a la reforma que transfirió una masa significativa de aportes a las por entonces flamantes AFJP, a la caída de los salarios reales, a la alta tasa de desempleo que se consolidó a partir de los 90 y al aumento del trabajo en negro. Los especialistas coinciden que será muy difícil garantizar un ingreso digno a jubilados y pensionados si antes no mejoran los indicadores del mercado laboral y, sobre todo, si no se avanza con una reforma del sistema previsional.