Una denuncia judicial presentada ayer por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, podría motorizar la puesta en práctica de un mecanismo para universalizar las telecomunicaciones en la Argentina, que debería estar funcionando desde el 2001. Si tal como lo disponía la legislación se hubiese integrado un fondo específico para ese fin, ya se podrían haber invertido más de 500 millones de pesos para expandir el servicio. Las responsabilidades por esta falencia son compartidas por los secretarios de Comunicaciones que se sucedieron desde entonces.

Cuando en el año 2000 expiró el período de exclusividad que tenían las telefónicas, se creó por decreto un fondo para la expansión del servicio que a partir del primer día del año siguiente debía integrarse con el 1 por ciento de la facturación bruta de todas las operadoras, bien sea de telefonía fija, móvil o transmisión de datos (proveedores de Internet). El mismo decreto habilitó el sistema denominado de play or pay, de modo tal que las compañías podían depositar esa suma o bien hacer obras por el monto equivalente, todo bajo la supervisión del Consejo de Administración del Servicio Universal.

Pero ese Consejo, que debía estar liderado por un funcionario a designar por el ministro de Economía más representantes de las empresas, usuarios y provincias, nunca se puso en marcha. La Comisión Nacional de Comunicaciones notificó a las empresas la obligación de previsionar aquellos recursos hasta tanto estuviera operativo el sistema, y el ex secretario de Comunicaciones, Marcelo Kohan, organizó una consulta pública sobre el contenido del reglamento que debía regularlo. Nada más.

Mucho más céleres fueron las empresas de telefonía celular, que desde el 2001 impusieron a sus clientes un cargo para costear la universalización del servicio, distorsionando la norma que las obliga a detraer el 1 por ciento sobre sus ingresos del momento, sin contemplar ningún traslado a los usuarios. La transgresión fue revertida por la Justicia que, a instancias de una denuncia de Mondino, obligó a esas compañías a restituir el dinero mal cobrado.

El espíritu de la norma que crea aquel fondo, ideado en su momento por el secretario aliancista Henoch Aguiar, era subsanar cierta falencia de la privatización de Entel que no contemplaba expresamente ninguna obligación de llevar el servicio a áreas desconectadas y no rentables sin cargar el costo de esa expansión en los nuevos beneficiarios y que, en definitiva, propició la concentración de inversiones en lugares lucrativos. Según la Defensoría del Pueblo, hoy existen más de dos mil localidades del interior que no tienen banda ancha, por la deficiente calidad de las centrales telefónicas. Pero la verdadera falencia es que hay núcleos de cientos de habitantes que están absolutamente aislados porque no tienen ningún servicio de teléfono.

De haber un dictamen judicial favorable al fundado reclamo de Mondino, el secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, se verá forzado a exigir a las empresas el depósito retroactivo del dinero que, según estimaciones de especialistas del área, es de alrededor de 100 millones de pesos por cada año. También tendría que poner en funciones a aquel Consejo, encargado de licitar las obras o de controlar las que ejecuten las propias empresas, que tienen el aliciente de incorporar nuevos activos por esa vía.