El Gobierno salió rápidamente al cruce de la ofensiva de la CGT a favor de una reforma del régimen previsional. “Hoy no está en el ánimo” del Ejecutivo, aseguró el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al referirse a la posibilidad, actualmente vedada, de que los afiliados de las AFJP tengan la chance de retornar al sistema de reparto. Veinticuatro horas antes, ese reclamo había partido del jefe de la central obrera, Hugo Moyano. Tomada, por otra parte, destacó que el proyecto sobre accidentes de trabajo que enviará próximamente al Congreso apuntará a subir las indemnizaciones. “Ahora son absolutamente injuriosas”, calificó.

Si bien Tomada no dio precisiones sobre el proyecto de ART, aseguró que la iniciativa oficial apunta a elevar el monto de las indemnizaciones, que en la actualidad son “absolutamente injuriosas”. “La idea es colocar los montos de la indemnización en los valores que hoy está fijando la Justicia”, agregó. “La idea es que el propio sistema dé una respuesta justa a esta pérdida del trabajador. Salir del concepto de empobrecimiento de la víctima de un accidente”, señaló. El proyecto sería enviado al Congreso por el Ejecutivo en las próximas semanas.

Anteayer, durante un seminario que se realizó en el Congreso, Moyano fue muy crítico con el sistema de la jubilación privada: “Las AFJP son una de las más grandes estafas que se le han hecho al pueblo argentino”, denunció en aquella oportunidad. Fue en ese momento que reclamó cambios en el esquema, posibilitando que los afiliados a las administradoras puedan volver al sistema público. “El 90 por ciento de los trabajadores volvería al Estado”, aseguró. Tomada frenó cualquier expectativa en ese sentido. “Es una opinión a atender, pero requiere otro tipo de consideraciones que hoy no están en el ánimo” del Gobierno.

En declaraciones a varias radios porteñas, el funcionario hizo una enfática defensa de la política oficial hacia los jubilados, en especial por los aumentos otorgados a los que ganan la mínima. También destacó la inclusión al sistema previsional de la gente que no poseía cobertura por faltarle aportes. Pero descartó cambios para las AFJP.

El ministro de Trabajo dio algunos indicios del esquema de movilidad que podrían tener las jubilaciones a partir del próximo año. En ese sentido, dijo que le parecería “razonable” que los haberes se aten a los salarios de los trabajadores activos –postura defendida por legisladores del ARI y del radicalismo–, pero que el índice de ajuste elegido debería tener también en cuenta la recaudación de la seguridad social. Tomada se negó a estimar la magnitud de un eventual aumento de las jubilaciones: “No es una cuestión de número”, dijo, y recordó que el fallo de la Corte que obliga a plantear la actualización de las jubilaciones “plantea una recuperación de la equidad”. Luego completó: “La preocupación compartida en el Gobierno es establecer algún procedimiento que garantice o asegure el progresivo ajuste de las jubilaciones”, completó.

En sus declaraciones, el ministro respondió tajantemente que “no” cuando le consultaron sobre la eliminación del tope salarial de 4800 pesos que se utiliza para calcular el aporte a las obras sociales, que es del 3 por ciento sobre el sueldo bruto. La eliminación de ese tope, una versión publicada ayer en un matutino, haría que los salarios más altos destinen más fondos a las obras sociales.

El funcionario, satisfecho por el descenso en el nivel de desempleo, explicó que, aunque “difícil”, el desafío de su cartera no se limita que la economía siga generando puestos de trabajo, sino a que continúe la tendencia bajista del empleo informal. “Nos zambullimos durante 30 años en el crecimiento del trabajo en negro, y es muy difícil cambiar la cultura”, remarcó.