Con la expresa aclaración de que se trata de un programa con fines exclusivamente pacíficos y desafiando las críticas ecologistas, el Gobierno anunció ayer los próximos pasos del Plan de Reactivación de la Actividad Nuclear Argentina, cuyos propósitos centrales serán aumentar la oferta energética y la provisión de recursos de la medicina pública. El programa incluye desde la finalización de Atucha II al análisis de factibilidad de la construcción de una cuarta central, verdadero desafío económico por los montos comprometidos. A través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Estado tendrá un papel prioritario en este desarrollo, que también contempla el sensible objetivo de estimular la producción de uranio enriquecido, decisión que seguramente resistirá el club de países con capacidad de construir una bomba atómica.

Sin duda, uno de los cometidos prioritarios será aumentar en el mediano plazo la oferta de energía eléctrica, tal como se intenta con las dos centrales térmicas de ciclo combinado cuya licitación acaba de iniciarse. La finalización de Atucha II para el 2010 le costaría al Estado unos 1800 millones de pesos y serviría para incorporar al parque eléctrico 745 megavatios de generación adicionales. Es la española Dycasa la constructora que finalmente el Gobierno eligió para retomar las paralizadas obras civiles e hidráulicas de la usina que diseñó y comenzó a construir años atrás Siemens.

Pero el plan anunciado ayer en la Casa de Gobierno por Néstor Kirchner y Julio De Vido también contempla obras para incrementar la vida útil de la central de Embalse unos veinticinco años, desde el 2018 al 2043, así como los estudios para analizar la factibilidad de una nueva usina atómica. Esto supone, a su vez, poner en marcha a través de las estatales Nucleoeléctrica y Ensi (sociedad entre la CNEA y la provincia de Neuquén) la planta de agua pesada para producir las 600 toneladas que requiere Atucha II. La apuesta es que en el futuro ese insumo también pueda utilizarse para abastecer a otras centrales del tipo Candu.

El programa nuclear oficial también prevé impulsar la construcción del reactor Carem, del que hasta ahora sólo se hizo un prototipo. En el mundo hay muy pocos proveedores y hasta ahora Argentina importó los procesos para construir los que utilizan las centrales nucleares activas. Desarrollarlo permitiría, eventualmente, exportarlo a Venezuela, que hace un año manifestó interés en emplear esa máquina argentina para extraer mediante vapor petróleo pesado de la cuenca del Orinoco.

Funcionarios venezolanos y brasileños se sumaron ayer a quienes escucharon en Casa de Gobierno los anuncios de un plan que también incluirá medidas para estimular la producción de uranio enriquecido, insumo crítico para la fabricación de la bomba, aunque en condiciones diferentes a las requeridas para la generación eléctrica. Un paso para consolidar cierta posición de liderazgo regional en una materia en la que también incursionó Brasil: la nación vecina enriquece uranio y está construyendo la primera planta industrial para ese proceso.

Las centrales argentinas utilizan uranio natural y agua pesada, no uranio enriquecido, que tiene mayor eficiencia térmica pero es objetada políticamente por ser utilizada para la construcción de material bélico. Amén de que requiere una tecnología de producción diferente. Si no se posee, el país consumidor está forzado a importarlo desde alguna de las naciones industrializadas que sí lo elaboran. Argentina abandonó en la década pasada el desarrollo de esta actividad junto a la suspensión del Plan Cóndor y entonces el equipamiento fue trasladado al Centro Atómico de Bariloche.

“El Estado nacional fijó su papel rector en el Plan Nuclear y sus usos pacíficos en función de la salud pública y la generación de energía nucleoeléctrica”, sentenció ayer De Vido durante el anuncio. En esta misma línea, los funcionarios se ocupan de resaltar la importancia de los materiales nucleares en el área de la salud. “Diariamente se realizan más de nueve mil aplicaciones en diagnóstico y terapia utilizando los radioisótopos producidos en el país por la CNEA”, destacó un comunicado oficial, en el que se da cuenta del convenio entre esa Comisión y los laboratorios Bacon y Tecnonuclear SA para proveer radiofármacos a hospitales públicos. Estos serán repartidos gratuitamente entre los pacientes carenciados.