La Secretaría de Comercio Interior intimó ayer a la petrolera Shell a que “cese de inmediato” la comercialización de nuevos productos que no hayan sido autorizados por la Secretaría de Energía, como la fórmula V-Power Diesel presentada la semana pasada por la empresa, con un precio 10 por ciento superior al que ofrece hasta ahora en el mercado. En rigor, el nuevo producto de Shell todavía no llegó al mercado, ya que se anunció su lanzamiento para dentro de cuatro o cinco semanas, con previa campaña de cartelería y cambio de surtidores para su venta con precio y calidad diferencial.

Al presentar la nueva fórmula diesel, el jueves último, el responsable de Shell en Argentina, Juan José Aranguren, advirtió que no había informado previamente a las autoridades. “¿Por qué habríamos de hacerlo?”, preguntó retóricamente ante la consulta del periodismo. En cambio, en la misma conferencia de prensa comentó que el lunes anterior habían “recibido la visita” de nueve inspectores de la Secretaría de Comercio Interior indagando sobre la nómina de clientes principales, autoridades de la empresa responsable en cada área y hasta por “el perfil” de los mismos. El mismo operativo habría abarcado a otras petroleras, aunque la reacción fue menos hostil en los demás casos.

La postura de Shell de sustituir parte de su oferta de gasoil por un combustible con más aditivos y un 10 por ciento más caro –adelantó que no aumentará el volumen de oferta global al mercado– cayó como un balde de nafta sobre el fuego para el Gobierno. Por otra parte, Shell es la única petrolera de las cuatro grandes redes de estaciones de servicio que no importará gasoil para asegurar el abastecimiento interno. “Nuestros clientes no lo demandan”, señaló Aranguren, segmentando el mercado de una forma poco simpática, aunque revelando que le importa poco quedar con una porción del negocio (market share) más chico.

La petrolera de origen inglés había asegurado que el lanzamiento de un nuevo producto a precio diferenciado (1,649 peso el litro contra 1,499 del Diesel Pura) estaba amparado en una resolución de la propia Secretaría de Energía, que establece las condiciones de calidad de los productos que se comercialicen en ese mercado. Sin embargo, la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Guillermo Moreno, tuvo una interpretación diferente. Ayer notificó a la empresa que todo nuevo combustible que se presente al mercado debe ser previamente autorizado por la Secretaría de Energía. Nada dice del precio, aunque se deduce que allí está el eje de la preocupación oficial. El organismo intimó a que la petrolera “en un plazo de 24 horas” informe a las autoridades pertinentes si ha despachado al mercado el nuevo producto.

Dado lo ocurrido hasta ahora –el anuncio previo a la comercialización– y el requerimiento de Comercio, podría tratarse de un mero trámite formal, si no fuera por el contexto de enfrentamiento entre las autoridades y la empresa. De hecho, el anuncio fue realizado mientras el Presidente de la Nación y sus ministros de Economía y Planificación Federal se encontraban de gira por Estados Unidos, lo que demoró una reacción. La pelea no empezó la semana pasada, pero todavía da para largo. Ayer, el Gobierno abrió un nuevo round.