Una decisión de la Legislatura bonaerense podría terminar con algunos beneficios –becas para seminaristas, subsidios para viajes al extranjero y entrega de tierras fiscales– que la dictadura le concedió a la Iglesia en 1981. El proyecto promete polémica y seguramente abrirá un debate sobre la complicidad de la cúpula católica y el poder militar que llevó a cabo el genocidio. La principal impulsora de la iniciativa es la diputada Liliana Di Leo, integrante del Frente para la Victoria, quien cuenta con el respaldo del jefe de la bancada, Fernando “Chino” Navarro, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Nicolás D’Alessio. “Los gobiernos de facto hicieron normas para favorecer a determinadas corporaciones, como la Iglesia. Si partimos de la cuestión de la equidad para todos los bonaerenses, no puede existir un decreto de 1981 firmado por Saint-Jean que favorezca a determinados sectores”, argumentó ayer Di Leo en diálogo con Página/12. El proyecto se discutirá hoy en el recinto.

La propuesta de Di Leo es derogar los decretos 9655/81 y 9720/81, firmados en 1981 por el entonces interventor militar de la provincia de Buenos Aires, el general Ibérico Saint-Jean. A través de esos dos decretos, el Estado les concedió a entidades religiosas de la provincia, principalmente arzobispados y obispados, una serie de privilegios económicos. El paquete incluía becas ordinarias para seminaristas, becas extraordinarias para viajes de perfeccionamiento al extranjero, giros mensuales para mantenimiento de edificios y jubilaciones especiales para monjas. Sumados todos estos subsidios, el Estado bonaerense debe girar unos 890 mil pesos por año a los establecimientos de la Iglesia.

“Económicamente es muy poca plata, pero la iniciativa tiene toda una explicación político-ideológica. Si no podemos rever la legislación de la dictadura, no podemos cumplir con lo que nos pidieron al votarnos”, aseguró ayer la diputada Di Leo. La derogación de los dos decretos tendría sólo un efecto hacia adelante: el Estado dejaría de girar esos 890 mil pesos anuales y las instituciones de la Iglesia deberían financiar esos gastos con otros ingresos. No se afectaría, en cambio, la propiedad sobre las numerosas donaciones de tierras fiscales que la Iglesia recibió de manos de la dictadura. “Derogar esos decretos es un resarcimiento para los demás bonaerenses que no tuvieron esos privilegios”, afirmó Di Leo.

Los gastos previstos por los dos decretos de Saint-Jean figuran en el presupuesto 2005 del Estado bonaerense. Hasta hace unos años, el giro de ese dinero se hacía por el Ministerio de Economía provincial. Durante el gobierno de Carlos Ruckauf, el órgano de aplicación pasó a ser la secretaría general de Gobierno. En 2001, ese puesto estaba a cargo de Esteban “Cacho” Caselli, de excelentes contactos con el ala conservadora de la Iglesia. No por casualidad lo llaman “el Obispo”. En el proyecto de Di Leo se propone derogar los dos decretos del año 1981 (el 9655, que establecía los subsidios, y el 9720, que establecía el organismo que debía implementar los pagos) y también el artículo 35 de la ley 12.575, que dispuso el pase del tema a la secretaría general de la gobernación.

Di Leo es una dirigente de La Plata con un pasado de militancia en los ’70. Con su esposo, Carlos Lorges, debieron huir de la ciudad y refugiarse en Buenos Aires. “A mi marido lo fueron a buscar y no lo encontraron. Después nos metimos en el exilio interno”, relató a este diario. Su proyecto ayer fue debatido en la mesa del bloque del Frente para la Victoria: “No hubo nadie disconforme. No sé si es porque no se animaron o porque están de acuerdo.”