La imagen de Jorge Julio López estuvo presente en la lectura de los fundamentos de la sentencia al represor Miguel Etchecolatz, retratada en cientos de afiches que servían de pecheras o que levantaban alternativamente entre el público, mientras el titular del Tribunal Oral 1 de La Plata, Carlos Rozanski, leía fragmentos del fallo –de unas 400 páginas– en el que fue condenado a reclusión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. En la sentencia destacaron que el ex director de Investigaciones de la Policía de Ramón Camps no puede pasar “ni un solo día más de su vida fuera de la prisión”. “A pesar de resultar indignante el tiempo transcurrido, se han incorporado pruebas que no se conocían a poco de terminar el régimen genocida”, sostuvieron en la primera sentencia que señaló que los crímenes fueron “en el marco del genocidio”.

Dos gruesas columnas de humo se levantaban a ambos lados de la Municipalidad de La Plata, donde se hizo el juicio. Con los neumáticos en llamas de fondo, en el jardín acampaban organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda. Algunos consiguieron entrar al Salón Dorado a los saltitos, mientras coreaban: “Ya pasaron treinta añooos / Kirchner dice nunca máaaaas / pero el compañero López / no se sabe dónde está”. Rozanski pidió que bajaran las banderas antes de comenzar a leer el extenso fallo.

Sin Etchecolatz en el banquillo, los jueces Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde leyeron un fallo complejo, en el que citaron al Juicio a las Juntas, la carta orgánica de Nuremberg, la sentencia en España contra Adolfo Scilingo y los fallos argentinos por la extradición de los criminales nazis Josef Franz Leo Schwammberguer y Eric Priebke.

Revisaron el testimonio de María Isabel Chorobik de Mariani, cuya nuera Diana Teruggi fue asesinada en el ataque a la casa de la calle 30 que comandó Etchecolatz y en la que fue apropiada su nieta Clara Anahí. Mencionó, en particular, el testimonio del morguero Juan Carlos Piedra, que fue llamado a la calle 30 antes de comenzar el ataque. “Esto es una muestra brutal del designio de muerte de Etchecolatz”, afirmaron.

También volvió sobre las declaraciones de los sobrevivientes Nilda Eloy y López. Así los oyentes volvieron a pasar por los cuatro centros clandestinos de detención que atravesó el albañil. Y escucharon con él a Patricia Dell’Orto, antes de ser fusilada junto con su pareja, Ambrosio De Marco: “No me maten, quiero criar a mi hijita”. “Si alguna vez encuentran al que lo mató, lo voy a reconocer porque era gangoso”, había dicho López. Un aplauso cerró la lectura del testimonio.

Rozanski recordó que las querellas pidieron el cambio de calificación a genocidio y planteó “la necesidad ética y jurídica de reconocer que en la Argentina hubo genocidio”. Para fundamentar esa calificación, los magistrados volvieron sobre la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la ONU el 9 de diciembre de 1948. Explicaron que en el debate de la asamblea en 1946 se consideró genocidio la “negación del derecho a la existencia de un grupo humano entero”, entre los que se incluyó a los “grupos raciales, religiosos, políticos y otros”. “Horrorizada por los crímenes del nazismo, la comunidad internacional incluyó en la definición de genocidio al ‘grupo político’”, explicó Rozanski. Esa definición luego no apareció en la convención “debido a circunstancias políticas de algunos países”, aunque sí habla de “grupos nacionales”. Los magistrados entendieron que en la dictadura se persiguió a una “parte sustancial del grupo nacional”. “Considerar genocidio las causas en trámite permitirá ubicarlas en un contexto adecuado”, argumentaron.

El juez trajo una cita del filósofo francés Michel Foucault en Genealogía del racismo, en la que considera la justicia como productora de verdad. “En ese sentido, las declaraciones sobre la reconciliación o la necesidad de no volver al pasado son lo opuesto de ese aparato de producción de verdad al que aludía Foucault”, aseveró Rozanski.

Los jueces se detuvieron en los argumentos de la defensa, que –indicaron– “se basaron en una descalificación general de los testigos, los organismos de derechos humanos, de la legislación vigente, de la Convención de Ginebra, del Congreso y el gobierno nacional”. Sus Señorías remarcaron que las convenciones de derechos humanos incorporadas a la Constitución son “principios opuestos a los que se basó el plan sistemático de exterminio, que tuvo a Etchecolatz como uno de los principales exponentes”.

Los jueces recordaron las condenas previas del represor en 1986 por 91 casos de tormento y en 2003 por apropiación de bebés. Plantearon que, además de estar probado que los represores de los 29 centros clandestinos –que conformaron el “circuito Camps”– respondían a las órdenes de Etchecolatz, “la presencia física del jerarca en los casos de Eloy, López y Teruggi es una prueba incontrastable”. “Formó parte de un aparato de destrucción, muerte y terror en el que no tuvo la menor consideración con el prójimo. Es un individuo peligroso con independencia de la edad que tenga. La atrocidad no tiene edad”, consideraron al negarle la prisión domiciliaria. Sobre la condena de reclusión perpetua argumentaron que “no es posible tarifar las marcas en el cuerpo de López, que no le impidieron señalar a Etchecolatz valientemente en el debate”.