El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, defendió ayer los millonarios subsidios otorgados a las empresas de trenes y colectivos al afirmar que “permitieron mantener estables las tarifas” para que “todas las personas puedan acceder a su lugar de trabajo”. El funcionario aseguró además que como consecuencia del aporte estatal, el año pasado “el número de pasajeros transportados por las líneas de trenes concesionadas se elevó en 22,8 millones, en tanto que los subterráneos transportaron 16 millones de personas más que en 2005”.

Durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, los subsidios al transporte público se multiplicaron por cinco. De 461 millones de pesos en 2003 pasaron a 2247,5 millones previstos en el Presupuesto 2007. Esa cifra se ampliará aún más en los próximos meses debido a un nuevo aporte de casi 300 millones que recibirán los trenes.

Desde 2002, el Poder Ejecutivo les vino reconociendo a los concesionarios de los ferrocarriles los mayores costos que se originan por las variaciones de los sueldos y los gastos de energía y combustible, pero el miércoles 27 de diciembre el Ministerio de Planificación aprobó la resolución 1961 que permitirá sumar a esos rubros operativos los gastos correspondientes a materiales, repuestos, mantenimiento por terceros, honorarios por gerenciamiento y seguros. Además, existe la posibilidad de que el jefe de Gabinete vuelva a elevar las partidas a través de decisiones administrativas, como ocurrió el año pasado.

En el caso de las empresas de colectivos, al subsidio millonario que reciben en efectivo se le deben sumar las ventajas que supone el otorgamiento de gasoil a precio diferencial, las rebajas en los peajes y la autorización para seguir circulando con unidades viejas debido a la flexibilización del cronograma de renovación del parque automotor.

La Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó ante la Justicia la suspensión de los subsidios a las empresas de transporte por entender que los concesionarios no cumplen debidamente con sus obligaciones, tal como se expresa en las miles de quejas de los usuarios. Además, las inspecciones realizadas por el organismo detectaron una notable falta de mantenimiento e incumplimientos en los horarios establecidos. Sin embargo, Jaime rechazó la petición de la Defensoría porque aseguró que eliminar los subsidios supondría elevar la tarifa a más del doble. El funcionario afirmó también que “estamos trabajando para recuperar el sistema ferroviario que fue destruido durante décadas” y aclaró que “las políticas tarifarias son decisiones que toma el presidente de la Nación en todos los aspectos, a través de las áreas que corresponden. El análisis lo hace en función del seguimiento de la economía”.