El Banco Nación prevé aprobar el próximo jueves la refinanciación de las deudas de los productores agropecuarios, en respuesta a la demanda del sector. El secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, les anticipó el último viernes a las entidades del campo los aspectos centrales del plan, que dejó muy satisfechos a los dirigentes. En particular, porque la tasa de interés será menor al 9 por ciento, cuando en anteriores refinanciaciones se fijaron tasas de hasta 18 puntos. La medida se enmarca en la recomposición de relaciones entre el Gobierno y los ruralistas, después de haber aceptado ambas partes que seguir profundizando el conflicto no le convenía a nadie.

Hay un aspecto, sin embargo, que genera controversias, y es el plazo de aceptación de deudas en mora. Las dirigentes del campo reclaman que puedan entrar en el plan los créditos que entraron en mora hasta el 31 de diciembre de 2006. Pero el directorio del Nación se resiste, porque considera que la crisis del sector tuvo lugar antes de la devaluación y extender la asistencia hasta esa fecha es enviar una señal “muy negativa”, porque podría relajar la voluntad de pago de quienes contraen un préstamo con la entidad oficial.

Desde el banco aseguran que existen numerosos casos de productores agropecuarios que dejan de devolver los préstamos a pesar de estar atravesando un buen momento y ganando plata. Existe cierta cultura del incumplimiento, de algún modo avalada por las refinanciaciones permanentes. “Es lo mismo que ocurre con las moratorias impositivas indefinidas”, indicaron desde la entidad oficial.

El tema tendrá una resolución política y formará parte de una negociación más amplia. Otro punto a resolver es el monto de deuda para acceder a la línea de refinanciación más flexible. En principio abarcaría los créditos con cuotas impagas de hasta 20.000 pesos, pero la Federación Agraria pide levantar ese techo. Se armará un fideicomiso específico para atender esos casos, con aportes del gobierno nacional y de las administraciones provinciales. El plan contempla el diseño de tres líneas de refinanciación, según el tamaño de la deuda. La tasa será menor a 8,70 por ciento, de acuerdo con lo que reveló De Urquiza en la reunión con los ruralistas del último viernes, y el plazo de repago llegaría a 12 años.

El subsidio de tasa se hará con dinero integrado por la Secretaría de Agricultura, las provincias y el propio Banco Nación. Se analiza el diseño de un mecanismo de pago atado a la evolución de los precios de las materias primas. Por ejemplo, un productor de maíz tendrá cuotas más altas o más bajas de acuerdo con el precio del commoditie. Hay cerca de 10 mil empresarios, en su mayoría pymes, que están pendientes de que se implemente el plan. “Hay muchos que no le pagan al banco desde hace diez años, pero ahora como ven que la actividad agropecuaria es rentable están interesados en que salga”, señalaron desde la sede de Plaza de Mayo.

El Gobierno tiene pendiente otra medida que también formó parte de las negociaciones con los dirigentes rurales: la compensación para los productores de trigo. La resolución se demoró porque todavía no hay acuerdo entre los dirigentes y la Secretaría de Agricultura respecto de la fecha de entrada en vigencia del subsidio. Las entidades rurales piden que sea retroactivo al 1º de noviembre pasado, con el argumento de que muchos productores ya vendieron la cosecha. Pero en el organismo oficial afirman que sería muy difícil de implementar, por lo que prácticamente lo descartan. Los subsidios regirían a partir del 1º de marzo.

Esta semana habrá varias reuniones técnicas entre las entidades del campo y los funcionarios y se espera que hacia el final de la semana haya otro encuentro con De Urquiza. Se haría después de que el directorio del Banco Nación apruebe los mecanismos de refinanciación de deudas. Desde las entidades reconocen que hay un mejor clima con las autoridades, pero dicen que queda pendiente la liberalización del precio de la carne. Sobre ese punto, el Gobierno indica que por ahora no hay nada, ya que la prioridad es cuidar los precios internos al consumidor.