Hoy puede ser un día clave en el conflicto entre el Gobierno y las funcionarias del Indec desplazadas por negarse a aceptar cambios metodológicos en la elaboración del índice de inflación. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, espera a las 10.30 a Graciela Bevacqua y Clyde Trabuchi para que presten declaración testimonial en una causa que busca establecer si Guillermo Moreno cometió el delito de intento de violación del secreto estadístico cuando se elaboró el IPC de enero. En relación con este tema, el presidente del radicalismo y senador nacional, Gerardo Morales, dijo ayer que su partido analiza convocar a una “audiencia pública” para debatir esta “grave problemática”.

El Gobierno ayer guardó silencio sobre la cuestión. El sábado, el Ministerio de Economía había emitido un comunicado para confirmar que Trabuchi había elevado su renuncia a un cargo estratégico (era la directora de la que dependían las áreas de Precios al Consumidor y la Encuesta Permanente de Hogares), pero que esa presentación carecía de validez porque a la funcionaria se le había vencido la designación el 13 de enero pasado, y no se la habían renovado. Miceli, un día antes, había cuestionado al Indec por errores “gravísimos” en la confección del informe sobre comercio exterior de enero.

Sorpresivamente se involucró en el conflicto el titular de Fedecámaras, Rubén Manusovich, que ayer adelantó que se presentará a la Justicia Federal para acusar a los funcionarios del Indec que cometieron esos errores. El dirigente de las pymes del comercio puso en palabras lo que el Gobierno viene sugiriendo desde hace semanas: la sospecha de que se alteraba el índice de inflación, haca arriba, para favorecer a tenedores de bonos. “Si se altera el índice de precios, se modifica el valor de los bonos que se ajustan por inflación, lo que ocasiona un grave perjuicio al Estado, que tiene que pagar más por esos títulos”, indicó un defensor inesperado de la posición oficial.

Más previsible era que algún dirigente de la oposición intentara levantar el tema. El radical Morales lo hizo ayer: “Estamos trabajando en la posibilidad de convocar a una audiencia pública para el 8 de marzo en el Congreso de la Nación, para invitar no sólo a los técnicos del Indec sino también a representantes de organismos internacionales y nacionales de estadísticas”, explicó el senador en declaraciones a Radio América. El legislador sostuvo el objetivo del cónclave es “debatir a fondo la problemática del Indec”, a la que calificó como “grave” y atribuyó a la “interferencia” del Gobierno en el organismo. Por lo pronto, Bevacqua y Trabuchi tienen hoy un canal institucional para dar su versión de los hechos.