El Gobierno dio ayer una fuerte señal política en favor del sistema de reparto. En un acto en la Casa Rosada, con la presencia de Néstor Kirchner, se anunció la creación del denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Público de Reparto (FGS). Se estima que ese fondo arrancará con 20.000 millones de pesos. El objetivo es darles certeza de solvencia a quienes desde ahora se jubilen en el Estado. “El fondo permite tener la garantía intemporal para que en la Argentina siempre haya confiabilidad respecto del futuro de nuestros jubilados, para que no sean variable de ajuste”, dijo Felisa Miceli durante el acto. El lanzamiento de este instrumento potenció las especulaciones sobre un inminente aumento en los haberes jubilatorios.

El FGS se pondrá en marcha el próximo 15 de septiembre. Se abastecerá básicamente de tres fuentes: el superávit acumulado de la Anses, que alcanza a unos 12.500 millones de pesos, los ahorros de los trabajadores que aportan a “regímenes especiales” (docentes, judiciales, diplomáticos y científicos) que ya pasaron sus cuentas de las AFJP al Estado por otros 3000 millones de pesos, y el dinero acumulado por las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 que fueron trasladados de capitalización a reparto porque habían juntado menos de 20 mil pesos en sus cuentas individuales. En total, esta tercera vía engruesa el fondo en 4500 millones de pesos.

Antes de la constitución del fondo, a mediados de septiembre, el Gobierno daría un aumento de jubilaciones, de manera tal de aprovechar el fuerte superávit de Anses antes de las elecciones presidenciales. La versión más difundida es que será un 10 por ciento generalizado en el mes de agosto.

Desde el Gobierno admitían ayer que la creación del Fondo persigue el objetivo de que el traspaso de las AFJP al sistema de reparto sea lo más masivo posible. Hasta el momento ya ejercieron la opción 681 mil personas (ver nota aparte).

La constitución del FGS ya figuraba en la Ley de Reforma Previsional. Su formalización es un paso más del Ejecutivo en el fortalecimiento del sistema de reparto, que había quedado sumergido con la ley que creó el régimen de AFJP, impulsada por Domingo Cavallo en 1994.

La idea central es brindarles seguridad y previsibilidad a los futuros jubilados que elijan el sistema de reparto, que no corren riesgos de una desfinanciación, como ocurrió décadas atrás. Los 20 mil millones de pesos con que arranca el Fondo equivalen a casi seis meses de pagos a los jubilados. Los fondos administrados en el flamante FGS tendrán uso exclusivo para garantizar la liquidación de jubilaciones. Y estarán indisponibles para otros rubros, como computarlos como si pertenecieran a Rentas Generales y así abultar las cuentas fiscales.

Para dejar en claro el objetivo del nuevo Fondo, Miceli afirmó: “Estamos a favor de la existencia del sistema privado, pero también creemos que el sistema público debe contar con estos recursos para que pueda garantizarse que en la Argentina los jubilados no sean variable de ajuste de las dificultades fiscales”. Para el Gobierno, con estos cambios, la seguridad social tendrá un horizonte de largo plazo y la clase pasiva dejará de ser la variable de ajuste en caso de crisis. El proyecto es importante también porque vuelve al primer plano la concepción de un sistema jubilatorio solidario, que cumple con un pacto intergeneracional. Son conceptos que habían quedado diluidos con la reforma de 1994. De ahora en más, el FGS tendrá la misión de “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público, a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales”, de acuerdo con lo establecido en el decreto divulgado ayer.

Los fondos acumulados serán administrados por Anses, un Comité de Inversiones y una Comisión de Seguimiento. El dinero podrá invertirse en cuentas remuneradas locales o del exterior, o en la adquisición de títulos públicos argentinos o internacionales. Esos instrumentos deberán ser “de reconocida solvencia”. Por otra parte, se asignará un costo por la administración del dinero, que no podrá exceder el uno por ciento del rendimiento anual de las inversiones. Es el mismo concepto aplicado en la reforma previsional como techo de las comisiones de las AFJP.

Respecto de este punto, Eduardo Santín, especialista previsional del radicalismo, hizo una objeción. Para él, el FGS debería tener las mismas reglas de inversión que las AFJP, de manera de maximizar la rentabilidad con las mismas precauciones pautadas para el sector privado.

El decreto también estableció un límite a la acumulación de dinero en el Fondo. Se fijó que el monto no podrá superar el equivalente anual a las erogaciones de Anses. O sea, ese organismo destinará su superávit mensual al FGS para que se incremente la garantía. Pero cuando llegue a los 41 mil millones de pesos, que es aproximadamente lo que en la actualidad se destina a abonar jubilaciones y pensiones, deberá aplicar el freno. El decreto no establece qué hará la Anses con el excedente, aunque fuentes oficiales no descartaron que ese dinero pueda destinarse a futuros aumentos jubilatorios.