Hoy podría ser el último día que Hugo Soza se siente en su despacho, desde donde condujo por dos años el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Un funcionario de alto rango del Ministerio de Justicia confirmó a Página/12 que es inminente el relevo de este prefecto al frente del SPF, para implementar “un recambio, una reforma más profunda y darle otro perfil” al organismo. Esto sucede al mismo tiempo que la Justicia federal de La Plata elabora una denuncia que presentará en breve por las irregularidades en que habría incurrido el SPF durante la investigación del caso de Julio López, el testigo del juicio contra Miguel Etchecolatz, que permanece desaparecido desde hace casi diez meses. El Ministerio de Justicia ordenó sumarios administrativos por estas sospechas.

Soza sobrevivió en el cargo a dos allanamientos al penal que más represores tiene encarcelados juntos, la cárcel de Marcos Paz, cuyos teléfonos van a ser auditados por orden de ministerio, y a la revelación de que el director de esa unidad carcelaria daba trato preferencial a los represores, publicada por este diario. Aunque hace pocos días Soza compartió una reunión en Casa de Gobierno con la cúpula de Justicia, todo indica que el ministro Alberto Iribarne le soltó la mano.

El prefecto estaba en situación de retiro cuando asumió la conducción de las cárceles federales, en septiembre de 2005, tras el desplazamiento del inspector general José Luis Soria. Tal como ahora, en aquel momento los voceros oficiales se empeñaron en desvincular los cambios en el SPF de la causa judicial que estaba llevando adelante el juez federal Claudio Bonadío por presuntas irregularidades en el manejo de los penales. Pocos días antes de su relevo, Soria había sido interrogado por la Justicia sobre supuestas deficiencias en la higiene y alimentación en las cárceles federales. Los portavoces de Iribarne mencionaron que la renuncia de Soria había sido presentada con anterioridad y que el cambio de jefatura del SPF era parte de una política de “reestructuración” de su cartera.

En este caso, la fuente consultada por Página/12 explicó que se pretende “recomponer el SPF con el modelo de la intervención de Mendoza”, a cuya cárcel el Ministerio de Justicia mandó al director Alejandro Marambio para darle a la conducción un “tono humano”. El caso mendocino llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las numerosas, sucesivas y aberrantes muertes de presos que se produjeron intramuros. Marambio responde al subsecretario de Asunto Penitenciarios Federico Ramos, que a su vez tendría línea con el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian. Este funcionario e Iribarne no parecen coincidir en la orientación del caso López. Los bonaerenses abonan la hipótesis, compartida por el juez federal Arnaldo Corazza y el fiscal Sergio Franco, de una banda mixta de represores vinculada con la desaparición del albañil, con apoyo de miembros del SPF. Los hombres de Iribarne no comparten esta idea.

Un investigador del caso López afirmó a este diario que en marzo, durante el primer allanamiento en Marcos Paz, “el SPF no mostró todo” lo que se le pedía. Por ese motivo se dispuso un segundo procedimiento, tras el cual los investigadores decidieron denunciar las “desprolijidades” encontradas. El foco estará puesto en las líneas telefónicas y el libro de las visitas que reciben los represores.

–¿En que medida influyó lo ocurrido en Marcos Paz con el relevo de Soza? –preguntó Página/12 a la fuente ministerial.

–No fue el eje. Se trata de renovar las prácticas y mejorar la capacidad de reacción.