Frente a una tasa de desempleo instalada debajo del 10 por ciento, la fuerte presencia de trabajo en negro entre los que conservaron, recuperaron u obtuvieron por primera vez un empleo pasó a ser el manchón más indeseable del mercado laboral. Pese a manifestarse en baja, la tasa de informalidad entre los ocupados aún alcanza una alarmante proporción del 41,6 por ciento, de acuerdo con las mediciones del Indec en base a la Encuesta Permanente de Hogares. Pero detrás de ese número se esconde una realidad mucho más compleja, tanto como que el 30 por ciento de esos trabajadores irregulares se desempeña, sorprendentemente, en empresas “en blanco”. Estas y otras muestras de la fuerte heterogeneidad del universo de trabajadores “en negro” es una señal de que las políticas para resolver el flagelo deberán estar cada vez más orientadas a la solución de problemas específicos de cada segmento. La generalización, también en este tema, es mala consejera.

Un estudio conjunto del Ministerio de Trabajo, el Banco Mundial y el Indec, basado en datos de la EPH para el Gran Buenos Aires de noviembre de 2005, permitió arribar a una primera radiografía de la “informalidad laboral” que replantea, al menos, la mirada sobre el tema prevaleciente en los ’90. “La política de los ’90 nos decía: bajemos las regulaciones para que desaparezca el trabajo en negro. Nosotros no la compartimos”, sentenció el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para hacer referencia a las diferencias conceptuales con ese período. El informe elaborado por la cartera laboral profundiza en el mismo tema, apuntando que “durante la década del ’90, el trabajo informal no era percibido como un problema sino como una disfunción ‘tolerable’ del mercado de trabajo”. Consecuencias directas de esa concepción, agrega, fueron “el desmantelamiento del Estado para realizar inspecciones de trabajo y la aprobación de leyes que flexibilizaron las relaciones laborales”.

La identificación de la formalidad laboral como un costo empresario, antes que un elemento de inclusión social resultó, entonces, más que una disfunción, una funcionalidad del modelo de exclusión.

El trabajo en negro quedó instalado como un problema, aunque no necesariamente con las características que suelen dársele. El estudio conjunto que se difundirá esta semana que sólo el 43 por ciento de los ocupados irregulares se desempeña en forma de unidades económicas tradicionalmente reconocidas como parte de la “economía en negro”: como asalariados en empresas no registradas o como cuentapropistas. A ello se le suma un 18 por ciento de trabajadores en negro que cumplen funciones como “asalariados en hogares” de otros, en su mayoría en el servicio doméstico. Y, el dato más llamativo, un 30 por ciento son asalariados “en negro” pero de empresas en blanco. El resto, un 9 por ciento, pertenece a un terreno más difuso, entre los que se cuentan “patrones en negro” y familiares de sus empleadores sin remuneración.

Según advierte el propio estudio, ese 30 por ciento de informales en empresas en blanco “deberían ser el segmento más permeable a las políticas activas de fiscalización y regularización”, por ser los más visibles, supuestamente. Sin embargo, siguen constituyendo el grupo mayoritario de trabajo en negro. El informe describe a este segmento como “un conjunto heterogéneo de empresas que cumplen con cierta legalidad para llevar a cabo sus tareas productivas, en general con bajos niveles de producción y rentabilidad”. A través de la evasión laboral, explica el estudio oficial, alcanzan una mejora en los márgenes de ganancia para mantenerse en el mercado.

Típicamente, podría tratarse de pymes que, para acceder a ser proveedores de empresas formales, deben inscribirse y registrar una planta mínima de trabajadores, pero contratan o mantienen empleados sin declarar. Pero, por la cantidad que representa, claramente el problema excede esta característica. Así lo especifica el mismo estudio de la cartera laboral, al señalar que se observan sectores como Servicios Sociales y de Salud, Enseñanza, Servicios Financieros y Servicios a Empresas, en los que el trabajo en negro se da casi exclusivamente en empresas formales. Es decir, no existen prácticamente en estos sectores empresas no registradas, y sin embargo la proporción de trabajo irregular es alta. Un caso particular a atender es el de servicios a empresas, en el que las prácticas de tercerización de actividades como limpieza, mantenimiento, seguridad y hasta liquidación de haberes, que ejecutan empresas de primerísima línea, recae en empresas contratadas que hacen del empleo en negro una habitualidad. Además, en más de un caso, se trata de firmas cautivas de aquellas mismas empresas de primera línea.

En el caso de las unidades productivas informales, reúnen el 17 por ciento de los ocupados en negro. “Se trata de asalariados que trabajan en empresas de baja productividad y rentabilidad, que no pueden afrontar los costos que se derivan de encuadrar sus operaciones en el marco de la ley”, describe el informe del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, bajo esta misma calificación entran los talleres clandestinos que elaboran, por ejemplo, prendas para grandes marcas en el rubro textil, con muy alta rentabilidad y productividad en base a una brutal explotación de la mano de obra.

La heterogeneidad también se da en las remuneraciones. Según el propio estudio, los asalariados en negro en unidades económicas formales son los que se acercan más al sueldo promedio del sector formal. En cambio, los asalariados en negro de las empresas no registradas percibían, al cuarto trimestre de 2005, un 30 por ciento menos en promedio que los anteriores, y los asalariados en hogares (servicio doméstico), a su vez, un 60 por ciento menos.

El estudio fue realizado exclusivamente sobre áreas urbanas (Capital y conurbano), pero de haber abarcado el trabajo en zonas rurales o pueblos de campaña, sin ninguna duda hubiera recogido otras tantas formas de heterogeneidad del empleo en negro. Un dato que simplemente corrobora lo que podía esperase, es que el 95 por ciento de los trabajadores que se desempeñan de manera informal no lo hace por voluntad propia, sino por ser la única forma de estar empleados. Aunque obvio, la respuesta alimenta la necesidad de atender el problema del empleo en negro como una prioridad de las políticas sociales. Y la necesidad de orientar estas políticas de acuerdo a la especificidad de cada segmento. “Estamos en eso”, aseguran en el Ministerio de Trabajo. Pero el 41,6 por ciento de empleo informal no deja de ser una señal de alarma.