Tomar decisiones para superar la emergencia energética sin declararla formalmente puede entrañar algunos problemas que se analizan, por ahora, con suma discreción en los despachos oficiales. Las posibilidades legales son variadas. El Estado puede castigar a las distribuidoras por una disminución en la calidad del servicio; los clientes de estas empresas, a su vez, podrían demandarlas por una eventual interrupción en el suministro o por una merma en la potencia o presión; transportistas o generadoras, finalmente, también podrían aspirar a un resarcimiento por el deterioro que la sobrecarga de electricidad o el uso de combustibles no habituales ocasionen en sus instalaciones. Todo esto al amparo de un marco legal que la coyuntura tornó difuso.

Como en otros ámbitos de la actividad económica, la declaración oficial de la emergencia habilita tomar medidas de excepción, cuyas consecuencias no dan derecho a reclamo de la parte perjudicada. Pero este principio básico no rige en esta situación, en la que el Ministerio de Planificación resolvió administrar una oferta escasa limitándola informalmente, a través de una cadena de órdenes verbales.

Tal como comenzaron a discutir algunos técnicos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, las decisiones tienen impacto en los contratos de las privatizadas, de los que emanan derechos y obligaciones que no quedaron suspendidos por el hecho de que la demanda esté sobrepasando la capacidad de respuesta del sistema.

Sobrecargar las líneas de transporte para importar desde Brasil más electricidad que la prevista provoca un deterioro en las redes de Transener, que obligará a anticipar inversiones para salvar esa degradación, por ejemplo. Las centrales Puerto y Costanera, diseñadas para ser alimentadas básicamente por gas, disminuyen su rendimiento y tienen un desgaste adicional al utilizar por encima de cierto límite de tiempo gasoil o fueloil. En particular el venezolano, con alto contenido de azufre.

Las distribuidoras eléctricas tienen que cumplir ciertas pautas de calidad del servicio impuesta por contrato –ahora en revisión definitiva– o pueden ser multadas. Hasta ahora sólo la buena voluntad oficial podría liberarlas de un castigo que las empresas vislumbran como inevitable, aunque tengan razones “objetivas” para brindar una prestación por debajo de los estándares exigidos por contrato. Los usuarios que sufran interrupciones en el suministro, también podrían accionar contra las compañías por este hecho, sin que exista un paraguas normativo que evite este litigio.

Actualmente Cammesa comunica a las distribuidoras cuánto deben disminuir su consumo los grandes usuarios a partir de las 16, sobre la consigna de que no demanden más que en el 2005, de lo que resulta que el recorte es distinto en cada caso. De lo contrario, cada gran usuario debe pagar 3000 pesos por cada mega adicional consumido.

Algunos de ellos tienen medidores que permiten conocer de inmediato si se atuvieron a la pauta escrita o no. En otros casos, el control depende de aparatos que hará colocar el Estado y, por ahora, de inspecciones aleatorias que realizan las distribuidoras en virtud de un pacto de caballeros con el gobierno. Un mecanismo relativamente precario que opaca un poco más el escenario.

En este estadio difuso también se ubica la suerte del flamante Plan Energía Total, que obligará a sustituir gas por los combustibles líquidos subsidiados por el Estado, cuya quema no sólo tiene los bemoles técnicos señalados arriba. La refinería de gasoil que prometió Guillermo Moreno hace un tiempo está en la germinal etapa de análisis de prefactibilidad y por ahora sólo queda el recurso de importarlo, al igual que al fuel. Pero según dudan refinadoras y generadoras, ni éstas usinas ni los puertos locales tienen garantizada la capacidad de almacenaje como para asegurar esa sustitución.