Viernes, 27 de julio de 2007 | Hoy
ECONOMíA › OPINION
Por Raúl Dellatorre
El gobierno de los Estados Unidos advirtió a la Argentina que la continuación de los atrasos en los pagos a bonistas por más de 20 mil millones de dólares y al Club de París, por 6000 millones, junto a los reclamos pendientes en el Ciadi, “pueden afectar desfavorablemente el clima de inversión” en el país. Esta caracterización de los hechos, que se ubica en los antípodas de la política económica argentina tras la salida de la convertibilidad, fue publicada el martes en la página web del Departamento de Estado y está referenciada como “herencia de la crisis económica 2001/2002 que permanecen pendientes”.
El apartado referido a la “herencia...” fue insertado esta semana en el perfil que el gobierno de Estados Unidos elabora sobre cada país y matiza, de algún modo, los datos sobre la performance económica argentina, como el crecimiento al 8 por ciento anual durante cuatro ejercicios consecutivos.
Lo significativo es que el Departamento de Estado de la Administración Bush se hace cargo de la demanda de los bonistas del default que no aceptaron el canje de deuda y quedaron al margen de aquel rescate. A través de los fondos buitre que asumieron la representación del total de bonistas, estos acreedores bombardearon permanentemente la salida propuesta por Argentina que, no obstante, resultó altamente exitosa, con un 76 por ciento de aceptación. Cerrado el canje, Argentina desconoció todo derecho a los que no entraron.
Igualmente irritante resulta la convalidación de los reclamos de las beneficiarias de las privatizaciones ante el Ciadi, particularmente de aquellas que no aceptaron reconocer la emergencia económica derivada de la crisis, como origen de la quiebra de los contratos firmados en la década de los ’90. Sólo los que no arribaron a algún grado de acuerdo con el gobierno al renegociar dichos contratos mantuvieron “vivo” el reclamo de indemnización contra el Gobierno argentino en el Ciadi. La renegociación de la deuda con el Club de París (que agrupa los compromisos de gobierno a gobierno con los países centrales) quedó trabada ante la exigencia de algunos de sus miembros de requerir un acuerdo previo de Argentina con el FMI como “aval”, criterio rechazado por las autoridades nacionales. Tampoco se logró avanzar en un acuerdo parcial de cancelación con uno de los principales acreedores, España, por la oposición del resto de los acreedores.
Estados Unidos se permite, una vez más, cargar responsabilidades sobre los países del Tercer Mundo acerca del enrarecimiento del “clima de inversión”, justo en momentos en que los desarreglos en su propia economía están provocando un tembladeral a nivel mundial. En esta etapa que los más agudos analistas califican como una “crisis sistémica” del modelo de acumulación capitalista del último medio siglo, el todavía prevaleciente papel que juega Estados Unidos en la economía mundial lo habilita a “exportar” los costos de los desequilibrios que genera fronteras adentro.
El doble déficit de la economía más grande del mundo, de balanza comercial y en las cuentas fiscales, que Estados Unidos y los organismos que le responden (FMI y Banco Mundial) calificarían como “políticas irresponsables” en el caso de otros, es en cambio resuelto de forma que sólo Estados Unidos puede hacerlo: emitiendo dólares, que no generan inflación interna porque salen al exterior en pago de importaciones, al ser una moneda de aceptación mundial. La circulación de moneda sin respaldo impacta, así, fuera de Estados Unidos, no adentro.
El caso actual de la pérdida de confianza en los títulos hipotecarios de Estados Unidos, por la caída en el nivel de actividad en el rubro inmobiliario y la pérdida de capacidad de pago de los deudores en ese país, también repercute más sobre el valor de los bonos de deuda de otros países que en sus propios mercados, porque la incertidumbre provoca una fuga de los fondos especulativos de los países emergentes hacia inversiones consideradas más seguras, como los títulos del Tesoro estadounidense. Curiosamente.
Frente a toda evidencia, Estados Unidos no parece dispuesto a reconocer que son ellos mismos el origen de la crisis. Menos dispuestos todavía están a pagar sus consecuencias.
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