El ministro de Economía, Miguel Peirano, reafirmó ayer los lineamientos de la política económica que viene llevando adelante el Gobierno en su primera reunión con representantes del campo y la industria desde que asumió el cargo. A los dirigentes de las entidades rurales les aseguró que la prioridad oficial sigue siendo el control de los precios internos para preservar el poder adquisitivo de la población, descartando así una reducción de las retenciones o la flexibilización de las restricciones para exportar carne. En el encuentro con la Unión Industrial Argentina (UIA) se analizaron opciones para incentivar las inversiones desgravando utilidades de las pymes y favoreciendo el acceso al crédito de largo plazo.

Con los industriales el clima de la reunión fue muy relajado. Peirano se desempeñó diez años en el Instituto de Economía de la UIA y antes de asumir como ministro ocupaba el cargo de secretario de Industria. Por lo tanto, el trato cotidiano hizo que la primera reunión en que los recibió como ministro se viviera como un encuentro de trabajo más. La comitiva estuvo encabezada por el titular de la entidad, Juan Carlos Lascurain, quien asistió acompañado por los empresarios José Ignacio de Mendiguren, Héctor Massuh, Luis Ureta Sáenz Peña, Osvaldo Rial, Roberto Domenech, Juan Carlos Sacco y el abogado Daniel Funes de Rioja.

En el encuentro se analizó el proyecto de ley, con media sanción en Diputados, que prevé la posibilidad de que las pymes desgraven de sus utilidades partes del impuesto a las Ganancias y la necesidad de impulsar el financiamiento de largo plazo. Ambos temas tienen como objetivo incentivar la inversión para apuntalar el crecimiento económico. Desde que comenzó la recuperación, los empresarios han venido financiando su expansión mayoritariamente con capital propio, pero en el Gobierno saben que el dinero proveniente del “colchón” tiene un límite y busca la manera de empalmar en una segunda etapa donde el sistema financiero local tenga un mayor protagonismo. Por eso se piensa en la posibilidad de una banca de desarrollo al estilo del BNDS de Brasil. Lascurain aseguró que la eventual puesta en marcha de un banco con esas características no fue un tema que se haya tratado ayer, pero dejó en claro que “cuando hablamos de las herramientas existentes también hablamos de la banca pública”.

Por último, la entidad fabril respaldó la posición argentina en las negociaciones internacionales que se llevan adelante en el Mercosur y en la Organización Mundial de Comercio y cuestionó la posibilidad de que los trabajadores que aceptan cobrar una indemnización por la ART puedan luego iniciar un juicio civil.

En la cita con las entidades del campo tampoco hubo sorpresas. Los empresarios volvieron a plantear los reclamos que llevaron a un lock-out agropecuario a fines del año pasado y que puede resumirse como un pedido de menor intervención del Estado en los mercados de granos y carnes para poder cobrar el precio internacional pleno. A cambio prometen garantizar la estabilidad del precio de los alimentos en el mercado interno, pero en el Gobierno saben que cuando se apostó por firmar acuerdos voluntarios se terminó fracasando. Por eso Peirano les ratificó, por ejemplo, que mantendrán las restricciones para exportar carne.

No obstante, aseguró que se avanzará con políticas sectoriales específicas para aumentar la oferta de ganado. El Gobierno ya anunció incentivos para la actividad de cría, pero los productores piden que se destine más dinero a esos planes. En el caso del trigo, se volvió a solicitar que la compensación estatal la cobren exclusivamente los molinos y que a ellos les permitan vender a precio de mercado. Los dirigentes también se quejaron por las condiciones que ofrece el Banco Nación para refinanciar las deudas de los pequeños productores. Piden que se haga el recálculo de las deudas en origen y no sobre el saldo contable. Peirano prometió analizar los reclamos, pero no adelantó ninguna definición.